Acción desesperada frente a un ciclo que se agota
El reciente evento de celebración por los 10 años de "transformación" en Jujuy, protagonizado por el exgobernador Gerardo Morales y el actual gobernador Carlos Sadir, más que un festejo, pareció ser una puesta en escena desesperada para reanimar a una base política golpeada tras la última elección.
La primera imagen impactante es, sin duda, la confirmación visual de un poder compartido, una dualidad inviable en la práctica de un sistema presidencialista donde la autoridad ejecutiva recae en una sola persona, dejando en entredicho quién detenta realmente la "lapicera" del gobierno.
El discurso de Morales se centró en un triunfalismo que choca con la realidad: afirmó haber dejado atrás décadas de violencia institucional, un punto que resulta, cuanto menos, provocador si se tiene en cuenta la multitud de denuncias por violencia estatal que se impulsaron justamente contra su administración, especialmente en el contexto de las recientes protestas sociales y la reforma constitucional. Su gestión deberá responder por estas acusaciones, que marcan una profunda contradicción con su relato.
Lo grave es que esta violencia institucional no se percibió solo como un accionar aislado de las fuerzas de seguridad, sino como una política de estado destinada a anular la disidencia y la protesta social. Las denuncias presentadas ante la justicia federal señalan incluso una posible complicidad del poder judicial provincial, que habría facilitado este andamiaje de persecución con reformas institucionales que, según los denunciantes, buscaron anular la división de poderes y asegurar la impunidad.
En el plano económico, morales celebró haber superado el déficit crónico de administraciones anteriores, logrando un supuesto "superávit". Sin embargo, esta estabilidad financiera parece haberse construido sobre las espaldas de los trabajadores y la ciudadanía, "pisando" el salario real de los empleados públicos y realizando recortes en áreas sensibles y estratégicas del estado, todo esto en un contexto social ya de por sí muy difícil. La pregunta es a qué costo se logró ese "equilibrio fiscal".
Por su parte, el gobernador Sadir hizo un llamado al compromiso de todos los jujeños que supuestamente han apoyado este proyecto desde 2015. Esta afirmación se siente distante de la realidad, ya que los jujeños, de manera contundente, emitieron un mensaje de hartazgo en las urnas en la última contienda electoral, un hecho que parece no preocupar lo suficiente a la actual gestión. es, además, una irresponsabilidad política afirmar que el gobierno cree en la gente y en los jujeños mientras la provincia enfrenta una grave crisis de inseguridad, con ciudadanos perdiendo la vida y la respuesta oficial limitándose al silencio o a apariciones tardías, una vez que los hechos ya están consumados.
Sadir manifestó que el gran desafío es lograr más producción, pero la falta de acción y la improvisación son evidentes: la provincia no cuenta con ministro de la producción, Abud Robles, se percibe más como un "cajero" al servicio del poder que como un líder con una visión de desarrollo productivo. Tampoco se vislumbra una verdadera generación de empleo de calidad, ya que la inversión privada brilla por su ausencia. Un ejemplo palmario de esta situación es lo que sucede en el parque industrial de perico, donde, según denuncias, empresas han contratado a un número significativo de trabajadores extranjeros, violando una ordenanza que prioriza la mano de obra local.
En este contexto, hablar de una mayor calidad de vida para los jujeños es, lamentablemente, otra de las grandes falacias de este discurso oficial.
El evento, en resumen, no logró disimular la impotencia de un gobierno que da la sensación de estar carente de gestión y que intenta, sin éxito, tapar las claras señales de desgaste político y social.