A la paciente le indicaron regresar solo ante sangrado, pérdida de líquido o si el bebé no se movía, lo que ella interpretó como " volver si mi hijo ya estaba muerto".
El caso volvió a poner de manifiesto el vaciamiento de profesionales en los hospitales del interior y la falta de inversión en guardias mínimas para especialidades críticas.
Análisis de la situación
El abogado constitucionalista, Vicente Casas, dialogó con Radio 2 e hizo un análisis tras este preocupante hecho. El letrado fue claro al marcar que ya no se habla solo de una falla administrativa, sino de figuras penales y de una crisis de gestión que afecta el contrato básico entre el ciudadano y el Estado.
Sugirió que lo ocurrido no es un simple inconveniente: “El Estado, al no garantizar la presencia de médicos en un hospital de cabecera como el de San Pedro, está faltando a su deber de asistencia ”.
Casas advirtió que si el riesgo para la madre o el bebé hubiera sido mayor, la figura del abandono de persona sería aplicable, ya que el ciudadano paga impuestos con la contraprestación garantizada de recibir salud.
Enfatizó en que hay una marcada decadencia del servicio público de salud. Mencionó que que antes, en hospitales como el Pablo Soria, la respuesta ante una emergencia era inmediata y proactiva, mientras que ahora hay un desmantelamiento del recurso humano.
El problema no es solo la complejidad del caso sino la ausencia total de profesionales para cubrir las guardias las 24 horas. El problema no es solo la complejidad del caso sino la ausencia total de profesionales para cubrir las guardias las 24 horas.
Marcó una responsabilidad absoluta de la política y cuestionó el silencio del gobierno y particularmente del Ministerio de Salud ante un hecho que puso en peligro dos vidas.
