Jujuy | 9 de junio |

Elecciones: la "factura" que dejará el adelantamiento

Adelantar la fecha del comicio en Jujuy al 9 de junio implicará un gasto aproximado de 150 millones de pesos, aunque podría ser mayor; el peronismo prepara una presentación judicial por la falta de motivo explícito en el decreto firmado por el gobernador Morales.

A través del Decreto Nº 8840 -G.- emitido el 8 de marzo de 2019, el gobierno que encabeza Gerardo Morales en Jujuy oficializó la convocatoria a toda la ciudadanía para elegir a sus representantes provinciales el 9 de junio próximo. 

Será en una fecha distinta de la elección nacional, que se realizará los días 11 de agosto y 27 de octubre. 

La decisión del gobernador se asienta en motivos netamente políticos, surgidos en una especulación: Morales considera que el resultado en Jujuy será más favorable para el frente Cambiemos si separa los comicios de la elección presidencial, reconociendo así implícitamente la intención de despegarse de la deteriorada imagen del presidente Mauricio Macri. 

A lo largo del decreto de convocatoria a elecciones, compuesto por 8 artículos, el mandatario no brinda motivos que justifiquen su decisión más allá de la especulación política. Sólo se hace notar que las leyes lo facultan para tomar tal medida. 

Esa potestad les costará a los contribuyentes, según los cálculos de la oposición, alrededor de 150 millones de pesos. 
Los recursos necesarios para llevar adelante una jornada de elecciones pueden detallarse de la siguiente manera. 

Pago de adicionales a las fuerzas de seguridad (policía y gendarmería). 
Pago de adicionales a los empleados del Tribunal Electoral. 
Pago a las empresas de transporte, para brindar el traslado gratuito de los ciudadanos a su lugar de votación. 
Pago a las autoridades de mesa, presidentes y fiscales. 
Pago a la empresa encargada de realizar el escrutinio provisorio. (Hasta 2017 la contratada fue SIMECOM). 
Pago por el servicio de Correo Argentino, para el traslado de telegramas y urnas.

 

Si bien no hay oficialmente un costo reconocido por las autoridades provinciales – que evitan referirse al tema – hay coincidencias dentro del bloque del PJ en la Legislatura, que hablan de aproximadamente 150 millones de pesos. No obstante, el diputado Alberto Matuk, de esa misma bancada habló de una cifra mucho más elevada: 250 millones de pesos. 

Jujuy al momento consultó oportunamente a autoridades de la Secretaría Electoral sobre el tema en debate, pero no obtuvo respuestas. 

“Van a echar mano, como hacen siempre, al artículo 15 del presupuesto de la provincia, que autoriza al gobernador a modificar partidas”, indicó Matuk en Sobremesa, el programa político de Canal 2. 

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Morales, en declaraciones a medios locales indicó que los fondos “seguramente” provendrían de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), caja de las arcas nacionales que las provincias disponen en caso de asuntos extraordinarios. 

El cuestionamiento hacia el gobierno por el adelantamiento de las elecciones, además de financiero, es político. 
El PJ, por caso, asegura que la manera intempestiva en que se comunicó la fecha, impidió llevar adelante la realización de elecciones internas. 

El vicegobernador Carlos Haquim se refirió al tema en declaraciones a Radio 2, aunque su respuesta fue sarcástica y no objetiva:

Más allá de la opinión de Haquim, en el PJ creen que tienen argumentos válidos para discutir legalmente el adelantamiento de las elecciones. 

De hecho, integrantes de ese espacio político confirmaron que en las próximas horas presentarán una medida cautelar para que la justicia anule la decisión del gobernador. 

Según la diputada Alejandra Cejas, entre los argumentos principales que van a esgrimir en los estrados judiciales, se encuentra la falta de un motivo explícito para la convocatoria y las imprecisiones respecto del financiamiento de la jornada electoral. 

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Así, la decisión unilateral del gobierno respecto de la fecha de las elecciones en Jujuy crea un clima enrarecido, que disparó objeciones políticas y judiciales a nivel dirigencial, y que suma rechazo en algunos sectores de la ciudadanía por el costo económico que conlleva el adelantamiento. 

 

 

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