El discurso de la transparencia, en jaque
Una grave denuncia penal contra uno de los ministros del gobierno provincial desató un escándalo en la última sesión ordinaria de la Legislatura.
La diputada del partido justicialista, Alejandra Cejas, denunció en el recinto algo que ya había circulado como una versión nunca desmentida por la provincia.
Según documentación volcada en la Cámara por la legisladora, el ministro de desarrollo económico, Juan Carlos Abud Robles, fue nombrado como integrante del directorio de la empresa YPF el 28 de abril de 2017.
Robles aparece como representante de los accionistas clase D, una forma de capital que le pertenece a las provincias, con lo cual, en principio, estaría representando los intereses de Jujuy.
Sin embargo, la diputada Cejas le señala una traba constitucional contundente.
Según el artículo 139 de la constitución provincial, el cargo de ministro es incompatible con el funcionario o empleado de sociedades mixtas o empresas públicas. Es el caso de YPF. La redacción del artículo es taxativa y deja poco lugar a interpretaciones.
Este nombramiento, reconocido nada menos que por el jefe de gabinete de la nación, Marcos Peña. YPF, si bien fue transformada en una empresa mixta por el kirchnerismo en 2012, participa en el mercado como cualquier otra empresa de capitales privados.
A Robles, la prohibición constitucional le impediría cobrar un salario como integrante del directorio.
Sin embargo, según la denuncia de Cejas, el ministro percibía ingresos como ministro y como director de YPF, por una cifra cercana a los 400 mil pesos.
Lo llamativo es que durante todo el tiempo que el funcionario provincial se desempeñó en el cargo cuestionado, su presencia en una de las empresas más importantes del país nunca fue difundido por el gobierno provincial.
Una posición de tanta envergadura no mereció para las autoridades provinciales una explicación de su razón de ser o rendición de cuentas del desempeño en tal función.
La diputada provincial trasladó toda la documentación que mostró en la Legislatura a la fiscalía penal N° 5, a cargo de Aldo Lozano, donde radicó una denuncia penal.
Así, Robles se convierte en el segundo integrante del gabinete de Gerardo Morales que cuenta con una denuncia penal en su contra.
En su caso, fue acusado por supuesto fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
De esta manera, la falta de transparencia en el manejo de su aparición en la empresa YPF arroja un manto de dudas sobre una de las principales banderas de la actual gestión: la transparencia de un gobierno abierto.