La Esperanza: el juez pidió los “papeles” de los inversores colombianos

La compleja trama para lograr la salida de la quiebra del ingenio La Esperanza después de 18 años mostró avances en las últimas horas. 

Tras el primer hecho concreto en años que se produjo con el ofrecimiento formal del grupo inversor colombiano Omega Energy y su empresa subsidiaria NikOil Energy Corp, el juez Juan Pablo Calderón, responsable de aprobar cada paso legal que involucra a la fábrica sampedreña, le solicitó al gobierno de la provincia que acredite la existencia real del grupo empresario en el país. 

De esta forma, fiscalía de estado deberá presentar en el plazo de cinco días hábiles toda la documentación que pruebe que los colombianos interesados en quedarse con el ingenio azucarero están constituidos legalmente en el país como cualquier empresa que desea desarrollar una actividad comercial. 

Mediante una cédula judicial, Calderón le pide al gobierno que presente el listado de activos de la empresa y la inscripción registral como cualquier empresa que desea operar en la Argentina. 

Así, el juez responsable del destino de la empresa quebrada hace 18 años comienza con el análisis del oferente, para luego, en caso que se demuestre la seriedad del interés del grupo colombiano con el que negoció la venta el poder ejecutivo, evaluar la viabilidad de la operación. 

Tras casi dos décadas en las que funcionarios, sindicalistas y empresarios golondrina, administraron la empresa con fondos públicos sin presentar un solo balance ni sacar de la situación de quebranto al ingenio, el gobierno intenta que un inversor privado compre la fábrica y la gestione, explotando en plenitud las enormes extensiones de tierra productiva que posee, para devolverle rentabilidad, convirtiendo así un agujero fiscal crónico para el estado provincial en un negocio redituable. 

Ese inversor es el grupo Omega Energy, un grupo empresario de origen colombiano que realizó una oferta de 85 millones de dólares por el ingenio azucarero, para quedarse con todos sus bienes y lograr el ansiado “polo productivo” que proyecta desde hace años la dirigencia política con escasos resultados. 

Tras la firma y el compromiso público asumido por Omar Leal, quien se presentó en la provincia como CEO de la empresa, y el gobernador Gerardo Morales, la venta tuvo su primer hecho concreto: la presentación de una carta de intención, en la que la empresa y el estado provincial le manifiestan al juez Juan Pablo Calderón, responsable de administrar el proceso de quiebra que involucra a la empresa, el interés de los colombianos por el ingenio azucarero, realizando un ofrecimiento concreto. 

Este interés formal - que según pudo saber Jujuy al momento, fue entregada al juez con la forma de una fotocopia simple suscripta por los colombianos y el gobierno de la provincia - fue trasladado a todos los actores que intervienen en el proceso de quiebra. 

Estos son, su propietario al momento de la quiebra, de apellido Jorge, los síndicos y los integrantes del Comité de Acreedores. 

Estos últimos, responsables de controlar todo el proceso judicial para resguardar los intereses de quienes tienen acreencias en la empresa, se encuentran divididos: hay quienes dejaron trascender su malestar con la operación, a la que califican como “desprolija” desde el punto de vista legal. 

Los otros, en tanto, estarían de acuerdo en avanzar con una venta en los términos en los que el gobierno plantea, con el objetivo de destrabar la crónica situación. 

Los funcionarios de gobierno encargados de las negociaciones con los inversores colombianos descansan en el respaldo que les da la ley 5929, aprobada por la Legislatura provincial el 2 de junio de 2016. 

La norma faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar las gestiones para sacar de la situación de quebranto al ingenio La Esperanza y lo habilita para negociar con empresas del sector privado que se interesen en él. 

De confirmarse la decisión del juez Calderón dando el visto bueno para que los inversores colombianos sean tenidos en cuenta como potenciales compradores, restarían algunos pasos para que la operación se concrete. 

Sin embargo el proceso no es sencillo por dos razones. Existe un llamado a licitación pendiente, que data del año 2008, en el que cuatro empresas manifestaron su interés, entre ellas, el Ingenio Tabacal, la Unión Cañeros Independientes y un grupo de origen colombiano llamado “Manuelita”. 

Ese proceso fue suspendido, y para avanzar en una venta directa, como pretende el gobierno, el juez deberá resolver de qué forma le da un cierre a aquella licitación, para el que los interesados pagaron altas cifras por el pliego licitatorio. 

Por otra parte, profesionales entendidos en la resolución de procesos de quiebra, indican que la ley habilita sólo dos caminos para superar esa instancia: lo que se denomina “avenimiento”, esto es, un mecanismo por el que se negocia y se acuerda con los acreedores de la empresa que forzaron la quiebra, o bien, la disolución de la empresa y en consecuencia su remate. La ley aprobada por la Legislatura en junio de 2016 abriría la puerta a la salida alternativa que busca el gobierno.

Así las cosas, en las próximas horas esta compleja trama que involucra a una de las empresas emblemáticas de la economía jujeña obtendría un avance clave.