La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso un proyecto de Resolución encabezado por Estados Unidos que condena el fraude electoral y la represión ilegal cometidos por Nicolás Maduro en Venezuela.
La OEA condenó el fraude en Venezuela y pidió la verificación imparcial de los resultados
Se trata de un proyecto presentado por Estados Unidos y acompañado por Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Uruguay. Fue aprobado por consenso.
La iniciativa exige a la dictadura “el respeto de los derechos humanos, la voluntad soberana del electorado venezolano y la verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”.
La propuesta de Estados Unidos estaba respaldada por Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay, y tras una ardua negociación logró que Brasil y Colombia aceptaran la condena diplomática a la dictadura.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Franc Mora, encabezó hoy una nueva ronda de conversaciones para encontrar un punto de inflexión que permitiera sancionar la iniciativa contra el régimen de Maduro. Tras dos horas de negociaciones, Brasil aceptó sumarse al proyecto tras forzar un cambio en los fundamentos del proyecto.
“Fue un debate arduo. Pero garantizamos el proyecto: lo que vale es el articulado”, explicó un importante funcionario de la OEA, que conoce todos los secretos de la negociación.
Brasil y Colombia cedieron en sus posiciones al margen del cambio cosmético en los considerandos del proyecto, mientras que México se mostró reluctante ante la posición mayoritaria de la OEA que buscaba una vía diplomática para repudiar a la dictadura de Maduro.
En este contexto, México junto a Honduras, San Vicente y las Granadinas, y Bolivia no participaron de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
La representación mexicana en el foro regional envió al Consejo Permanente una carta de seis párrafos justificando su ausencia en la cita extraordinaria. La comunicación oficial plantea elusivos argumentos formales y otorga credibilidad institucional al Tribunal Suprema de Venezuela, que es un órgano judicial que responde al régimen populista.
La posición de la Casa Blanca era cuestionada por Brasil, Colombia y México, que protegían sus propios intereses geopolíticos. Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen distintas tácticas para abordar la crisis en Venezuela, pero la suma de sus propias agendas domésticas terminaron fortaleciendo a la dictadura de Maduro.
Da Silva tiene una relación tensa con Maduro y propone nuevas elecciones o un gobierno de coalición. Estos planteos son cuestionados en el Departamento de Estado norteamericano y por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los representantes de la oposición venezolana que derrotaron al dictador. Con estas iniciativas políticas, Lula corre a Brasil del bloque de países que presionan al régimen y oxigena a Maduro, que resiste apoyado por China, Rusia, Irán y Cuba.
Petro busca diferenciarse de Lula -disputa su liderazgo regional-, y además de plantear nuevas elecciones y un “gobierno de cohabitación transitorio”, propuso una “amnistía general nacional e internacional” para Maduro y sus socios políticos. Esta iniciativa es rechazada por la Casa Blanca y los opositores González Urrutia y Machado.
López Obrador, a diferencia de Lula y Petro, no presentó una hoja de ruta propia y optó por ampararse en el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países para facilitar la permanencia de Maduro en el poder. El presidente de México es un socio silencioso de la dictadura venezolana.
En este contexto, Brasil, Colombia, México, Bolivia, Santa Lucía, Saint Kits y Nevis, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago se movieron en bloque para trabar la sesión que había sido citada con el objetivo de condenar al régimen. Bolivia tiene una mirada ideológica a favor de Maduro y los países caribeños reciben petróleo venezolano a valores insólitos.
Finalmente, a las 1630 (hora del este), se aprobó por consenso la iniciativa presentada por Estados Unidos. “Reafirmamos nuestro compromiso en favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, afirmó el embajador Mora cuando abrió la sesión extraordinaria.
La posición del representante de la Casa Blanca fue avalada por sus colegas de la Argentina, Canadá, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador y Santo Domingo. En todos los casos se reclamó por las actas electorales para desnudar el fraude electoral y que Maduro termine la represión ilegal en Venezuela.
“Entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas”, exigió Washington Abdala, embajador de Uruguay en el foro regional.