Se trata de la “Ley Bolívar”, que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realizan negocios con el gobierno de Venezuela o con cualquier otro no reconocido por Washington.
El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios “con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con cualquier otro “no reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
En su cuenta de X, la líder opositora había manifestado su respaldo a este nuevo proyecto bipartidista, que debe ser aprobado por el Senado y ser firmado por el presidente para entrar en vigor. “La ley Bolívar (oficialmente Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela) envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias y nadie podrá normalizarlas”, expresó.
Ante su declaración, el Ministerio Público de Venezuela indicó lo siguiente en un comunicado: “Los pronunciamientos públicos que la señalada [Machado] ha realizado en torno a este írrito proyecto de ley la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria”.
El texto señala, además, que la Cámara de Representantes de Estados Unidos incurrió en “acciones criminales” que son apoyadas por Machado y buscan “aumentar el catálogo de sanciones ilegales contra el pueblo venezolano”.
Caracas tacha este proyecto de “ataque criminal” ya que considera que viola la Carta de las Naciones Unidas, y “se suma a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales”.
En respuesta a la medida de Washington, el Parlamento venezolano aprobó el jueves la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista” que plantea la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los venezolanos que respalden sanciones estadounidenses.
Durante su primer mandato (2017-2021), el presidente electo Donald Trump impuso una política de máxima presión contra el gobierno de Maduro con el endurecimiento de las sanciones y hasta el embargo petrolero en un intento fallido de expulsarlo del poder.
El Ministerio Público investiga a Machado por la publicación en un sitio web del 80% de las actas electorales, prueba de que Edmundo González Urrutia ganó los comicios presidenciales. Asimismo, hay una investigación en su contra por “instigación a la insurrección” a la Fuerza Armada luego de las elecciones en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo.
