Universidades nacionales reclaman diálogo en medio de la pelea por los fondos
El Consejo Interuniversitario Nacional volvió a insistir con que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento para “garantizar el normal funcionamiento” de las casas de estudio.
En medio de la disputa por fondos entre el Gobierno y las universidades, los rectores volvieron a reclamarle al Gobierno el “cumplimiento pleno” de la Ley de Financiamiento y exigieron la reapertura urgente de la mesa paritaria para recomponer los salarios del sector.
A través de un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales le solicitaron a las autoridades nacionales la transferencia de los fondos adeudados para “garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”.
“Reclamamos la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales”, sostuvieron.
El 90% del total del gasto universitario corresponde a salarios de docentes y personal no docente (administración y mantenimiento de las distintas instituciones).
En otro tramo del documento, se refirieron a la situación crítica de los hospitales universitarios donde aseguraron que Nación todavía no les envió los fondos asignados por el Presupuesto 2026. “El Gobierno no ha girado aún cuota alguna”, remarcaron los rectores.
Días atrás, el Ejecutivo les propuso a los rectores de las casas de estudio transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo al Congreso para reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal.
No obstante, la reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.
A cambio, las universidades deberán retirar la cautelar que presentaron contra el Gobierno, que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC.
En caso de obtener un fallo en contra, el Ejecutivo deberá desembolsar alrededor de $2,5 billones a las universidades.