Durante una jornada de formación realizada en la sede del Colegio de Abogados, especialistas del ámbito judicial y de la sociedad civil expusieron sobre las transformaciones operativas que registraron las bandas criminales dedicadas a este delito.
Porosidad fronteriza e impacto de los entornos digitales
La fiscal federal de la jurisdicción Salta-Jujuy, Lucía Orsetti, enfatizó que la intervención oportuna resulta determinante para preservar la vida e integridad de las víctimas en los mercados delictivos complejos. Explicó que el distrito federal Salta-Jujuy concentra aproximadamente el 7% del total de causas por trata de personas ingresadas a nivel nacional, según los informes técnicos elaborados por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Orsetti resaltó que, a partir del escenario pospandemia, se evidenció un incremento exponencial en la producción de material de abuso sexual infantil y en captaciones mediante herramientas informáticas e inteligencia artificial: "Hemos tenido incrementos en todo el país de la pandemia a esta parte por cómo han cambiado nuestras relaciones con la virtualidad y el vertiginoso crecimiento de la inteligencia artificial. Se generan escenarios delictivos que antes no teníamos".
Respecto a la permeabilidad en la zona limítrofe con Bolivia, Chile y Paraguay, la funcionaria judicial reconoció las complejidades territoriales pero destacó el funcionamiento de mesas de articulación binacionales con fiscales de los países vecinos. "Tenemos un escenario territorial especialmente poroso. En muchos casos la frontera geopolítica es una ficción porque las comunidades viven, trabajan y comercian de un lado y del otro. Sin una vigilancia muy sofisticada es complejo, pero tenemos puntos focales y enlaces con fiscales bolivianos, chilenos y paraguayos para actuaciones rápidas", explicó.
A su vez, instó a la ciudadanía a utilizar la Línea 145 de atención telefónica gratuita y anónima para canalizar denuncias o reportar situaciones sospechosas, recordando que quien denuncia no tiene la carga de aportar pruebas sino de alertar a las autoridades.
Controles de ciberseguridad y concientización en escuelas
Por su parte, Gabriela Burgos, representante de la Fundación Alameda, se refirió al trabajo de prevención primaria que llevan adelante en el territorio jujeño, advirtiendo sobre la falta de políticas públicas integrales orientadas a la regulación y uso seguro de dispositivos móviles en adolescentes.
Burgos alertó que la virtualidad genera espacios donde las dinámicas de captación resultan difíciles de rastrear para los adultos, por lo que resulta imprescindible capacitar a docentes, familias y alumnos en los municipios del interior.
"La capacitación tiene como objetivo volver a instalar en la agenda pública lo que acontece con la trata y su mutación total a las redes virtuales. Hoy el reclutamiento se da en un mundo intangible para el adulto, pero que para los chicos de 14 o 16 años es totalmente real. Desde la fundación buscamos concientizar a las familias y prevenir que los jóvenes caigan en las redes de estos mafiosos", expuso.
Asimismo, adelantó que la organización se encuentra elaborando un proyecto legislativo para presentar en la Cámara de Diputados de Jujuy, con el objetivo de crear un canal local de denuncias e intervención directa que funcione las 24 horas en coordinación con los fueros provinciales y federales.
