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A la justicia por la "ilegalidad" del aumento del boleto

Recientemente se concretó el adelantamiento de la suba del boleto que estaba prevista para octubre. Organizaciones de defensa de usuarios y consumidores recurrieron a la justicia ya que sostienen que “es ilegítimo”.

Desde el jueves 15 de agosto el boleto urbano de pasajeros pasó a costar $20,71, concretándose de esta forma el quinto aumento del año y el segundo en menos de 40 días.

Una vez que trascendió que el incremento, distintos sectores manifestaron su postura, sosteniendo la ilegalidad del mismo y apuntando contra la ordenanza 7275/18, particularmente a los artículos 5 y 6.

Días pasados, los concejales Federico Noro y Matías Domínguez exponían que el decreto mencionado aún no había sido aprobado por el Deliberante, asegurando que los dos últimos aumentos acontecidos son ilegales.

Ahora se conoció que Proconsumer y Codelco, ambas organizaciones de defensa de usuarios y consumidores, realizaron una presentación ante la justicia para que determine si corresponde o no este nuevo golpe al bolsillo de los pasajeros, según cierta interpretación del artículo 6.

Mientras aguardan la resolución judicial, se despachó contra la “irresponsabilidad” de los ediles capitalinos que delegaron facultades al intendente Jorge para concretar un aumento del precio del boleto “por las dudas”.

En ese sentido, consideró que “no hay fundamento normativo” para haber adelantado el aumento estipulado por ordenanza de octubre-noviembre a este mes.

A su vez, cuestionó el estudio de costos, “que se hacen siempre con el mismo profesional, son insuficientes y el derecho a la información no se está cumpliendo ya que se maneja sin información real de las empresas porque no quieren dar la información”.

En otro orden, comentó que constantemente reciben denuncias en Proconsumer respecto del estado de las unidades del servicio, pero sobre todo de cobros extras que no corresponden a la hora de cargar la tarjeta SUBE.

“La carga tendría que ser gratuita porque la diferencia y la rentabilidad ya está prevista”, dijo.

No obstante, lamentó que de parte del municipio no se haya puesto en funcionamiento un ente de control, que regule la actividad y donde también se puedan efectivizar reclamos.