En un contexto globalizado y tecnológico como el actual, la elasticidad del empleo formal con respecto al crecimiento ha disminuido, y esta tendencia es aún más acentuada en economías como la argentina, donde la segmentación del mercado laboral, la informalidad y la precarización estructuran el escenario. A pesar de las políticas que apuntan a reducir costos laborales mediante exenciones, subsidios o programas de empalme, estas medidas han demostrado ser insuficientes para revertir la baja elasticidad del empleo.
Una agenda laboral para todos
El crecimiento económico es una condición sine qua non para fomentar la inclusión laboral, pero no es suficiente por sí solo.
La clave para entender la problemática de la elasticidad del empleo en Argentina radica en la segmentación de su mercado laboral. A grandes rasgos, se pueden identificar tres grandes grupos que componen la fuerza de trabajo privada: los asalariados privados registrados, los asalariados informales y los trabajadores independientes. Esta segmentación plantea un desafío que pocas veces se aborda con profundidad. En la mayoría de los casos, las discusiones sobre la política laboral tienden a concentrarse en el primer tercio, el de los asalariados formales, replicando un enfoque que proviene de países desarrollados donde la mayoría de la población activa se encuentra registrada.
En Argentina, donde más de un tercio de la fuerza laboral está en la informalidad, y otro tanto se ubica en la economía popular o en trabajos independientes, aplicar una receta única para todos es, en el mejor de los casos, miope. La reducción del costo laboral, en particular, ha demostrado ser una solución insuficiente. Los subsidios salariales y las exenciones fiscales no atacan la raíz del problema. Incluso, en muchos casos, terminan transfiriendo recursos del Estado a las empresas, sin que esto se traduzca en una mejora tangible en las condiciones de los trabajadores.
Del lado de la oferta laboral, es innegable que una parte significativa de la población activa argentina tiene una formación inadecuada para las demandas del mercado. Este déficit formativo actúa como un ancla que limita las posibilidades de inserción en empleos de calidad. La creación de un instituto de formación laboral, con un enfoque en competencias locales y certificaciones, es una medida crucial para comenzar a solucionar este problema. Este instituto podría funcionar como una plataforma para que los trabajadores accedan a una formación acorde a las necesidades productivas de cada región, generando una escalera de progreso social que permita la movilidad laboral.
En cuanto a la demanda, Argentina enfrenta un enanismo empresarial evidente. Las grandes empresas no generan nuevos empleos y las pequeñas no crecen lo suficiente como para absorber a la mano de obra disponible. La alta informalidad en las microempresas, que emplean a gran parte de los asalariados informales, refleja la necesidad urgente de un régimen simplificado que permita la formalización de estas unidades productivas y, en consecuencia, de sus trabajadores. Pero este no puede ser un esfuerzo aislado: debe estar acompañado de políticas laborales que introduzcan certezas, tanto legales como regulatorias, para las empresas que deciden crecer y formalizarse.
La incertidumbre es un factor clave que frena la creación de empleo. Las empresas, especialmente las pequeñas, enfrentan barreras legales y regulatorias que desalientan la contratación formal. La posibilidad de enfrentarse a juicios laborales, cuyos montos son impredecibles, o la incapacidad para despedir trabajadores en tiempos de crisis, como ocurrió durante la pandemia, son elementos que elevan el costo percibido de contratar personal. Aquí es donde un régimen de transición laboral, basado en beneficios portables y adaptado a la heterogeneidad de las empresas, podría ser una solución efectiva. Este régimen debería dar certezas sobre el costo laboral efectivo, facilitando la contratación y el cese de relaciones laborales de manera previsible.
Por otro lado, es necesario revisar las reglas de negociación colectiva. La negociación centralizada, tal como está diseñada hoy en día, no permite adaptarse a las realidades dispares de las empresas argentinas, fomentando la informalidad. La introducción de “descuelgues” o aperturas para que las empresas negocien variables como la productividad o la localización sería un paso crucial para hacer más competitiva la negociación colectiva y, al mismo tiempo, reducir la informalidad.
El tercer segmento de la fuerza laboral, generalmente asociado a la economía popular, es el más difícil de abordar desde las políticas tradicionales. Como bien lo señala Eduardo Levy Yeyati en su ensayo Después del trabajo, se trata de un universo heterogéneo caracterizado por la precariedad laboral y familiar. Los trabajadores de este segmento, con bajos niveles de formación e ingresos, requieren políticas de inclusión específicas que vayan más allá de la búsqueda de empleo formal. Dado que es poco probable que se generen los puestos de trabajo necesarios para absorber tanto a los nuevos ingresantes como a los actuales trabajadores precarios, es fundamental fortalecer las actividades que ya realizan estos trabajadores, formalizando sus actividades y otorgándoles beneficios laborales que les permitan salir de la precariedad.
En este sentido, un régimen para los trabajadores independientes es una necesidad inminente. Esta medida permitiría registrar a los cuentapropistas, otorgándoles acceso a crédito, seguridad social y mejores condiciones laborales. Además, sería una herramienta fundamental para formalizar actividades económicas que hoy operan en la más absoluta informalidad.
Finalmente, es fundamental abordar el impacto de los planes de empleo, como el programa Potenciar Trabajo, en el mercado laboral. Si bien estos programas tienen un impacto positivo en la reducción de la pobreza extrema, también generan desincentivos para la búsqueda de empleo formal. La solución no es eliminarlos, sino reconvertirlos en puentes laborales que ayuden a los trabajadores a transitar de la informalidad a la formalidad. Estos planes deberían tener un límite temporal y estar condicionados a la formación laboral y al trabajo registrado.
La agenda de inclusión laboral en Argentina debe entenderse como un proceso integral que aborde las necesidades de los tres tercios del mercado laboral. Las políticas no pueden seguir concentrándose exclusivamente en los asalariados registrados. La formalización, la simplificación de los regímenes laborales y la reconversión de los planes de empleo deben ir de la mano para reducir la precariedad y fomentar la creación de empleo de calidad. La reducción de la desigualdad y la inclusión social solo serán posibles si se abre la puerta desde arriba, facilitando el acceso al empleo formal, y se acompaña desde abajo, fortaleciendo a los sectores más vulnerables y precarizados de nuestra sociedad.