Desde Tilcara, denuncian sobreprecios y fraude en la facturación de EJESA
La Comisión Investigadora detalló graves cuestionamientos contra la empresa prestataria de energía. Apuntaron a un sistema de cobros ilegítimos mediante ordenanzas municipales, el impacto de tasas resistidas y la falta de respuestas institucionales.
- Tilcara: Una Comisión Investigadora, aprobada por el Concejo Deliberante, analiza la facturación de EJESA.
- Acusaciones: Denuncian cobros ilegítimos en la tasa de alumbrado público mediante ordenanzas y fraudes por parte de la empresa de energía.
El conflicto en torno al servicio y la facturación de la empresa prestataria de energía EJESA sumó nuevas y duras acusaciones en el norte provincial.
En diálogo con Radio 2, Juan Carlos Valdiviezo, vecino de Tilcara y miembro de la Comisión Investigadora encargada de auditar a la firma, expuso una serie de irregularidades estructurales que afectarían directamente el bolsillo de los usuarios en la ciudad y de gran parte de la provincia.
Tras haberse cumplido el primer plazo de 60 días para recabar antecedentes, el Concejo Deliberante local resolvió extender la prórroga por 60 días más debido a la falta de respuestas formales y a la reticencia de la compañía en brindar información detallada.
Supuesto fraude en el alumbrado público
Uno de los ejes centrales de la denuncia se concentra en el sistema de cobro de la tasa de alumbrado público, la cual escondería un esquema de sobrefacturación y duplicidad de pagos que data de ordenanzas sancionadas a finales de la década del 2000.
"A ahí se descubre lisa y llanamente la estafa y el fraude que hay con el tema del alumbrado público. Porque EJESA, en el informe que presenta, dice, cobra, o sea, retiene lo que consumen los medidores de alumbrado público que ha instalado, que son 18 medidores acá en la ciudad de Tilcara. Eso sería lo real. Pero aparte nos cobran un importe de acuerdo al consumo domiciliario", explicó.
Desde la comisión sostienen que este mecanismo genera un desfasaje donde los vecinos terminan abonando un consumo presunto e ilegítimo que multiplica varias veces el gasto real registrado por los medidores públicos instalados en la localidad.
Cargos cuestionados y falta de respuestas
Asimismo, el integrante de la investigación apuntó contra la inclusión de conceptos resistidos en las facturas, tales como la percepción de contribución única (PCU) y la tasa de fiscalización de la SUSEPU, costos que deberían ser absorbidos por la empresa concesionaria en el marco de los marcos regulatorios vigentes y no trasladados de forma directa al usuario.
Frente a este escenario, anticiparon que continuarán analizando la documentación administrativa y legal durante el nuevo plazo prorrogado, sin descartar acciones judiciales colectivas e individuales por presunto fraude y estafa en contra de los organismos de control y la prestataria.