"Chuli" Jorge, dijo que no le consultaron sobre la resolución de transporte
El Intendente Capitalino, Raúl Jorge, reconoció que el gobierno de la provincia no le consultó sobre la aplicación de una resolución para dar paso a la legalidad del servicio taxis compartidos interjurisdiccionales.
También aseguró no conocer los alcances de la resolución y espera que el gobierno de la provincia los convoque para tener en detalle cómo se hará el blanqueo de este servicio. “Conozco muy poco como viene la resolución, pero me parece que aquí hay que tener en cuenta, que la gran preocupación municipal, es ver los puntos que tocan a los intereses de la ciudad”, planteó el Intendente Jorge en diálogo con Radio 2.
También dijo que se tienen que tener en cuenta las paradas y, fundamentalmente, se reconozca que este es un servicio de taxis compartidos interjurisdiccionales. “Esto impone que dar licencias o permisos provisorios, luego puede generar derechos. No puede existir, si hay 200 taxis, que lo hemos controlado durante más de 10 años a los taxis compartidos, cantidad que supere 10 veces la de los interjurisdiccionales. Hay que ser muy prudente con esto y tenemos que juntarnos a discutir estos puntos que tocan en común las políticas provinciales con las del municipio”.
Respecto a la relación con el gobierno, sostuvo que “me parece que hay una agenda abierta, es un camino pero también va a generar otras posiciones que hay que atender de otros sectores, como la UTA y los servicios de colectivos interprovinciales, etc.”
También confirmó que no me consultaron sobre esta resolución. “Pareciera que todo iba a ir sobre un decreto. Nosotros pensábamos que se tenía que llevar a otro lugar las paradas. Se reunieron dirigentes del municipio con algunos de los remiseros interjurisdiccionales, se habló de este tema y otros, marcar los autos y algo. Pero parece que esto se va a resolver con algunas obleas o stiker pegados. Pero no se cual va a ser el concepto, para que sea una cantidad razonable para este tipo de servicio. No es que esté en contra de que existan servicios alternativos, pero deben hacerlo en un marco razonable”.

