Stanic al margen de travesía urbana, ¿JUMI al ministerio?

No se trata de formular acusaciones sin pruebas, sino de exigir transparencia frente a hechos que, por su magnitud y trascendencia, no pueden quedar envueltos en el silencio ni en declaraciones que parezcan destinadas a eludir responsabilidades. La ciudadanía tiene derecho a saber si el ministro conduce efectivamente el área que tiene a su cargo o si existen otros actores con capacidad de decisión que terminan imponiendo sus intereses por encima de la estructura institucional del Estado, porque si un ministro se declara ajeno a decisiones centrales de su propia cartera, la cuestión deja de ser una simple controversia administrativa y se convierte en un problema de autoridad política. ¿De qué sirve ocupar el máximo cargo de un ministerio si, ante una obra de semejante dimensión económica, la responsabilidad parece diluirse y nadie ofrece una explicación integral?

La pregunta que se instala en la sociedad es tan grave como inevitable: ¿quién manda realmente, el ministro responsable del área o los sectores empresarios que mantienen vínculos con el poder político?

En este contexto, la relación de la empresa JUMI con el Gobierno y las circunstancias de la adjudicación merecen ser examinadas con absoluta transparencia, sin privilegios ni zonas de inmunidad. Si existieron procedimientos excepcionales, deben explicarse sus fundamentos; si hubo decisiones adoptadas al margen de la intervención ministerial, debe identificarse quién las tomó y con qué atribuciones.

Si el ministro conocía esas decisiones, corresponde que explique cuál fue su participación y qué responsabilidad asumió. Lo que no resulta aceptable es que, frente a una obra pública de esta magnitud, la autoridad se convierta en una figura decorativa y la responsabilidad institucional termine diluyéndose entre declaraciones evasivas. El poder no puede funcionar como un ámbito de protección para intereses particulares, ni la administración pública puede transformarse en un espacio donde las decisiones de mayor trascendencia se adopten sin explicaciones suficientes.

Un ministro tiene la obligación de ejercer sus competencias, controlar los procedimientos que corresponden a su área y responder ante la sociedad por la gestión de los recursos públicos. Si considera que una decisión no pasó por sus manos, debe explicar cómo pudo ocurrir, quién tenía las facultades para adoptarla y qué medidas tomó para garantizar su legalidad y transparencia.

Pretender que esa distancia lo exime de toda responsabilidad política sería desconocer la naturaleza misma de la función ministerial. La autoridad pública no es un privilegio personal ni un título honorífico: es una obligación que exige dar la cara, rendir cuentas y asumir las consecuencias de los actos propios y de las decisiones institucionales que corresponde controlar.

En definitiva, la cuestión de fondo no es solamente quién adjudicó la travesía urbana, sino quién responde por una obra que compromete una suma extraordinaria de dinero público y por las condiciones en que fue contratada. Cuando un ministro se aparta discursivamente de una decisión de semejante relevancia, la sociedad tiene motivos para exigir respuestas.

Los funcionarios son transitorios, pero el dinero comprometido pertenece a la ciudadanía y ninguna relación política, ningún vínculo empresarial ni ninguna conveniencia del poder pueden estar por encima del deber de transparencia, del control público y de la responsabilidad que exige el ejercicio de la función pública.