Informe anual sobre la situación en las cárceles jujeñas
Este jueves la Defensora general del Ministerio Público de la Defensa y el Servicio Público de Defensa Penal, Ivone Haquim, presentó el informe público anual de su gestión ante la Cámara de Diputados de la provincia.
La funcionaria destacó entre los cambios más importantes la creación de la Secretaría de Violencia Institucional, destinada a cooperar con el Defensor Público en todo lo relacionado con el adecuado resguardo del detenido que logró modificar graves situaciones que sucedían en las 42 celdas de aislamiento, comúnmente conocidas como ‘La Chancha’, que ya no existen más. Hoy estas celdas se encuentran de refaccionadas totalmente, con acceso a sanitarios, a higiene personal, que antes no tenían. Se pintaron las estructuras. Hoy tienen camas y colchones.
Jujuy es una de las pocas provincias que tiene alta seguridad con puertas abiertas; antes alta seguridad significaba para el detenido el encierro sin posibilidad de compartir lugares comunes con otros internos. Hoy tienen un lugar de recreación, un espacio en donde pueden salir en determinados horarios.
La Defensora resalto que se busca eliminar maltratos y vejaciones con la presencia constante de los funcionarios de la Secretaría de Violencia Institucional, de los Defensores y de los Funcionarios del Ministerio
Detalló que tenían registradas 10 denuncias por torturas pero que a partir de julio del 2016, las denuncias fueron cesando reconociendo que pueden existir casos aislados en los cuales se trabaja para eliminar estas prácticas.
Haquim expuso también detalles importantes de cómo era la situación del Ministerio al momento de asumir remarcando las falencias y necesidades lo que ocasionaba la falta de celeridad en los trámites y la ausencia de sistemas modernos, lo que no permitían conocer cuántas y qué causas existían.
Por estas razones recordó que se declaró la Emergencia de la Defensa Publica y a partir de allí se pudo incorporar un Defensor de Menores en la ciudad de San Salvador de Jujuy y otro en San Pedro de Jujuy; sumando además el trabajo de una Licenciada en Psicología y otra Licenciada en Trabajo Social para conformar el gabinete interdisciplinario y poder ofrecer y controlar las pruebas necesarias de los asistidos.
Consideró favorables las reformas judiciales realizadas, ya que permitieron equiparar armas con la acusación, y detallando el rol del Ministerio en este sentido.