Advertencia sindical: "Somos la única provincia que privatizará el acceso a la salud pública"
El secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), Nicolás Fernández, expresó un contundente rechazo al recientemente aprobado Sistema Provincial de Seguro de Salud, anticipando que tan solo es el comienzo de un arancelamiento mucho más profundo del servicio que finalmente comprometerá a todos los jujeños.
- El secretario general de APUAP se expresó en contra del Seguro Provincial de Salud por tener un espíritu "discriminatorio sobre los sectores vulnerables" y "anti derechos básicos".
- Desde el gremio de los profesionales aseguran que el nuevo seguro de salud se extenderá incluso entre quienes gozan de cobertura prepaga.
El SEPROSA recientemente sancionado en el seno de la Legislatura provincial como Ley N° 6.453 divide las opiniones entre un oficialismo que sostiene su necesidad para costear la atención sanitaria amparado en un supuesto mecanismo solidario y la oposición política, profesional, sindical que ven un negocio del gobierno detrás del cobro obligatorio a personas que deseen atenderse y no posean cobertura médica.
La primera y quizás principal controversia radica en el modo en el que fue presentado, posterior tratamiento y finalmente aprobación durante la 18ª sesión ordinaria celebrada en la Legislatura el pasado jueves. Quienes repudian su sanción, insisten en que no fue tratada en profundidad a pesar de su injerencia en la vida de los ciudadanos. El trabajo dentro de la Comisión de Salud fue limitado, tampoco existió apertura para que otros actores fundamentales que intervienen en el subsistema público de salud participen en su confección.
Durante su entrevista en Radio 2, Nicolás Fernández, secretario general de APUAP, un sindicato con una gran masa de afiliados relacionados al ejercicio de la medicina, criticó duramente el rol de la Legislatura provincial, señalando que actúa como una "escribanía" del Poder Ejecutivo. "Lo que sucedió ayer demuestra que la política sanitaria del gobierno de Gerardo Morales, continuada por Carlos Sadir, tiene como único objetivo privatizar la salud pública", afirmó.
"Lo presentan como un sistema solidario, pero en realidad es un engaño a la ciudadanía. Desde ahora, los jujeños que no cuenten con obra social deberán pagar un seguro para recibir atención médica, un derecho humano fundamental", argumentó en respuesta a las declaraciones de distintos diputados radicales que ratificaron las bondades del proyecto durante su exposición como el caso del miembro informante Iván Poncio durante la sesión o Santiago Jubert al término de la misma.
El costo estimado de este seguro, según Fernández, oscilará entre 40.000 y 50.000 pesos mensuales. Aquellos que no puedan abonarlo deberán demostrar una condición de indigencia ante el Instituto de Seguros de Jujuy para ser eximidos, algo que calificó como "humillante y discriminatorio".
El dirigente recordó que, meses atrás, el gobierno había lanzado un seguro obligatorio para extranjeros no residentes, medida que según él "fue el primer paso hacia esta privatización encubierta". Fernández advirtió que este proceso podría continuar afectando a otros sectores, incluyendo a quienes poseen obra social.