Una estatización que funciona

El anuncio que hizo el gobernador electo, Gerardo Morales , de que Agua de los Andes volverá a funcionar como una empresa pública, ha generado muchas muestras de apoyo, principalmente, de parte de quienes consideran que es necesario cambiar la figura jurídica de la empresa ya que, actualmente, el hecho de que sea una sociedad anónima donde el Estado posee la mayoría mas no la totalidad de las acciones, impide que se consiga financiamiento para la realización de obras que mejoren la calidad del servicio que presta la empresa en materia de agua potable y cloacas.

Hay que quienes incluso critican que ni siquiera está claro si la empresa es pública o es privada.

La actual figura jurídica de la empresa Aguas del Norte, cuyo paquete accionario está mayoritariamente en manos del Estado Provincial al igual que en Jujuy,  también impide el acceso a sistemas de financiamiento.

La empresa salteña era privada y, en 2009, el gobernador Urtubey decidió su reestatización y creó una sociedad anónima que se llama Compañía Salteña de Agua y Saneamiento cuyo nombre comercial es Aguas del Norte.

Es una sociedad anónima que se rige por la Ley de Sociedades Comerciales pero el paquete accionario está en poder del Estado.

Hoy, a casi 7 años de que el gobierno reestatizara la empresa en cuestión, su gerente general Normando Fleming, considera que el camino elegido es el correcto y si bien queda bastante por hacer para mejorar el servicio, ya son muchos los avances conseguidos.

En ese sentido, dijo a Radio 2 que el gobierno entendió que debía estatizar porque era necesario cambiar el criterio para tomar decisiones dentro de la compañía y los principales beneficios a los que dio lugar este cambio fue mayor grado de libertad y la recuperación de los impuestos dado que la inversión la hace el gobierno de la provincia.

Con esa idea en mente, recordó, y valiéndose de pruebas que demostraban que la empresa privada no había cumplido con muchas de las obligaciones que figuraban en el contrato, el gobernador salteño decidió rescindir el contrato.

No hay ninguna recta mágica, aseguró, "la eficiencia de las empresas, más allá de que  sean públicas o privadas, dependen de la gestión y el compromiso de las personas que las dirigen".

Lo que se recauda por tarifa solo cubre el 75 % del costo operativo. El Estado provincial, además de las obras, aporta un subsidio directo a la tarifa que cubre ese 25 % restante.

Pese a ello, la cobertura de agua potable llega al 97 % de la población, cerca de 1.150.000 personas. Mientras que el servicio de cloacas tiene un 76 % de cobertura.

"Los costos de compra bajaron un 35 % los primeros 6 meses con los mismos proveedores debido a que se hicieron concursos de precios , licitaciones, hay más transparencia", afirmó al tiempo que remarcó que se hicieron las obras complementarias: planta potabilizadora y las plantas de tratamiento de los líquidos cloacales.