El gobernador de Salta volvió a defender el cobro a extranjeros en hospitales públicos

La medida rige desde marzo de 2024, hace casi dos años y cinco meses. Sus declaraciones coincidieron con el proyecto del libertario Agustín Romo en Buenos Aires, aunque un informe basado en datos oficiales sostiene que la incidencia de los extranjeros no residentes es inferior al 1%.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a defender el cobro de la atención sanitaria a extranjeros y aseguró que la decisión permitió terminar con situaciones en las que personas procedentes de otros países llegaban a la provincia con intervenciones programadas mientras los salteños no conseguían una cama en los hospitales públicos. “Venían a Salta, tenían cirugía programada, tenían cama y los salteños no la tenían”, afirmó el mandatario durante una entrevista con el canal porteño A24, donde reivindicó una política que su administración aplica desde hace casi dos años y cinco meses. Sáenz sostuvo que la medida no está dirigida contra quienes viven, trabajan y tributan en Salta, sino contra quienes atraviesan la frontera exclusivamente para utilizar el sistema sanitario provincial. “No es contra el que vive en Salta, trabaja y aporta. Es para el que viene exclusivamente a utilizar un servicio que pagan los salteños”, diferenció.

El gobernador insistió en que las personas alcanzadas pueden recibir atención, pero deben afrontar su costo. También aclaró que las urgencias y emergencias siguen siendo asistidas sin condicionamientos previos. “No podés cerrarle la puerta a una persona y decirle: ‘Pagá o te morís’. Primero se salva la vida y después se verá cómo se recupera el costo”, explicó.

Una medida vigente

El arancelamiento comenzó a aplicarse el 1° de marzo de 2024, luego de que Sáenz firmara el Decreto de Necesidad y Urgencia 129/24. La norma fue posteriormente convertida en la Ley provincial 8.421 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de abril de ese año. El texto oficial establece una distinción entre las distintas categorías migratorias. Los extranjeros con residencia permanente o temporaria conservan el acceso en las mismas condiciones que los argentinos. En cambio, quienes poseen residencia transitoria o precaria deben pagar las prestaciones mediante un seguro médico o con recursos propios. En los casos de urgencia o emergencia, la asistencia no puede ser negada ni demorada, aunque la Provincia queda habilitada para intentar recuperar posteriormente los gastos.

Desde la implementación, el Gobierno salteño informó importantes disminuciones en la llegada de pacientes extranjeros a establecimientos de la capital y la frontera. Una primera comparación oficial mostró que, entre marzo de 2023 y marzo de 2024, los pacientes extranjeros atendidos bajaron de 54 a 27 en el Hospital Materno Infantil; de 29 a 11 en Tartagal; de 18 a 2 en Orán y de 117 a 40 en Salvador Mazza. En el Hospital San Bernardo, sin embargo, las internaciones pasaron de siete a ocho, aunque las atenciones ambulatorias descendieron de 13 a nueve. Los datos fueron publicados por el Ministerio de Salud salteño.

Informes posteriores del Ejecutivo provincial aseguraron que la reducción alcanzó hasta el 95% en algunos hospitales del norte. Entre enero y mayo de 2025 se contabilizaron 141 atenciones a extranjeros y un recupero superior a los $50 millones, según cifras oficiales. El Gobierno vinculó esos ingresos con la reinversión en el sistema sanitario.

Los datos confirman que el cobro desalentó la demanda de personas no residentes. No obstante, una reducción pronunciada después de colocar una barrera económica demuestra que disminuyó la concurrencia, pero no necesariamente prueba que la demanda anterior fuera la causa central de la falta de camas o del deterioro del sistema.

El proyecto bonaerense y la “ola antiargentina”

Las declaraciones de Sáenz adquirieron una dimensión nacional después de que el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, presentara esta semana un proyecto para cobrar la salud y los estudios universitarios a extranjeros sin residencia permanente. La iniciativa apareció como respuesta política a la denominada “ola antiargentina” registrada durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Romo acompañó la presentación con publicaciones que vinculaban el acceso a los servicios públicos con las expresiones de rechazo hacia los argentinos difundidas en redes sociales.

En materia sanitaria, el texto dispone que los extranjeros sin residencia permanente paguen las prestaciones en hospitales provinciales mediante seguros, terceros obligados o recursos propios. Las urgencias con riesgo de vida deben ser atendidas inmediatamente y cobradas después. También se contemplan excepciones para víctimas de trata, vacunación y enfermedades transmisibles. En educación, el proyecto alcanza solamente a las universidades provinciales de gestión estatal, que quedarían facultadas para fijar sus propios aranceles. No comprende a las universidades nacionales ubicadas dentro del territorio bonaerense.

Existe, además, una diferencia sustancial con la normativa salteña: Salta garantiza el acceso igualitario tanto a residentes permanentes como temporarios, mientras que la propuesta de Romo establece la residencia permanente como condición para no pagar.

Un informe que pone en duda el argumento en general

El debate también expuso datos que no parecen coincidir con la idea de que los extranjeros representan una carga determinante para el sistema sanitario. Un informe elaborado en julio de 2024 por la Fundación Soberanía Sanitaria, a partir de información proporcionada por el Ministerio de Salud bonaerense, señaló que durante 2023 se registraron 1.449.606 consultas digitales en establecimientos públicos de la provincia. Solo 3.210 correspondieron a personas que no residían en la Argentina: el 0,2%. En cuanto a las internaciones, 8.970 de más de un millón correspondieron a extranjeros no residentes, equivalente al 0,8%. El estudio concluyó que, en los indicadores analizados, la participación de esa población no alcanzaba el 1%.

Esos números contradicen directamente la magnitud del problema invocada para justificar el proyecto bonaerense. Sin embargo, no pueden trasladarse automáticamente a Salta, una provincia fronteriza con una dinámica sanitaria diferente. El informe no presenta estadísticas globales específicas del sistema salteño.

Por eso, más que una refutación definitiva de las declaraciones de Sáenz, los datos revelan una tensión. Mientras el gobernador describe casos de cirugías programadas y desplazamiento de pacientes locales, la evidencia comparativa disponible indica que, en otras jurisdicciones, el peso de los extranjeros no residentes es marginal.

Entre la administración de la salud y el confrontamiento político

El recupero de costos, la reciprocidad con países vecinos y la asignación de recursos escasos constituyen discusiones legítimas. Pero el debate cambia de naturaleza cuando se vincula el acceso a la salud o la educación con manifestaciones hostiles publicadas en redes sociales durante un torneo de fútbol.

Las expresiones de rechazo hacia la Argentina no permiten convertir a toda la población extranjera en responsable colectiva ni demuestran, por sí mismas, la existencia de un impacto sanitario significativo. La experiencia de Salta muestra que el cobro redujo la concurrencia de pacientes no residentes en hospitales fronterizos. El informe bonaerense, en cambio, advierte que la incidencia sobre el conjunto del sistema puede ser mínima. Entre ambas realidades queda pendiente el dato central: una medición completa, comparable e independiente que permita establecer cuánto pesa realmente esa atención y cuánto del debate responde a necesidades sanitarias o a la búsqueda de rédito político.