Radares en rutas nacionales: más de 150 dispositivos operaban sin autorización
Las autoridades descubrieron que 124 radares fijos no se encontraban en el lugar para el cual habían sido habilitados.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante un exhaustivo proceso de fiscalización que abarcó 40.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país durante el año 2026. El objetivo central de este operativo fue regularizar el sistema de control de velocidad para garantizar que los radares cumplan con la normativa vigente y tengan como fin primordial la prevención de siniestros viales. Como resultado de estas inspecciones, el organismo detectó 152 radares fijos que operaban sin autorización para labrar infracciones, exigiendo de inmediato su retiro y el cese de su utilización.
El relevamiento también reveló importantes inconsistencias en los equipos que sí contaban con permisos previos. Al comenzar el operativo, existían 526 cinemómetros autorizados (363 fijos y 163 móviles), pero las autoridades descubrieron que 124 radares fijos no se encontraban en el lugar para el cual habían sido habilitados. Ante esta situación, la ANSV inició un proceso de intimación a las jurisdicciones correspondientes para que informen sobre el estado operativo de estos equipos, advirtiendo que se procederá a la baja definitiva si se constata que ya no funcionan.
La intervención del organismo nacional se fundamenta en la Ley 26.363 y el decreto reglamentario 1716/2008, marcos legales que establecen que ningún radar puede operar en rutas nacionales sin la autorización previa de la ANSV. Además de ordenar el retiro de dispositivos ilegales, la agencia intimará a aquellos municipios o provincias con verificaciones técnicas vencidas para que regularicen su situación, bajo apercibimiento de revocar sus habilitaciones. Estas medidas buscan asegurar que los sistemas automáticos de infracciones funcionen con total transparencia y conforme a derecho.
Finalmente, el rol de la ANSV como autoridad competente fue ratificado por un reciente fallo de la Corte Suprema, tras un reclamo presentado por el municipio de Darwin, provincia de Río Negro. Con este respaldo jurídico, el proceso de regularización pretende erradicar prácticas irregulares y enfocar los controles exclusivamente en la seguridad vial y el cuidado de la vida. El organismo continúa monitoreando el territorio nacional para garantizar que cada dispositivo de medición técnica sea una herramienta de prevención y no un mecanismo de recaudación irregular.