PIL: la estrategia para convertir los planes en trabajo formal
El Ministerio de Trabajo de la Nación envió durante la gestión kirchnerista en Jujuy dinero para pagar, al menos, 15.000 planes sociales.
Se trata de numerosas versiones de lo que se conoce como un plan social, en distintos montos. Dinero que salía del dinero de los contribuyentes de todo el país pero que en la provincia no se conoce con certeza quien cobraba.
Según la actual titular de la gerencia de empleo, Clelia Cortez, con la asunción del nuevo gobierno se comenzó con un reempadronamiento para conocer con exactitud quienes eran los beneficiarios de esos programas, y si realmente los necesitaban.
De los 15.000 iniciales, sólo 10.800 quedaron vigentes. La gerencia de empleo identificó a los beneficiarios y corroboró que se trata de gente con una situación social compleja, afectada por la pobreza.
El paso siguiente fue reinsertaros en el mundo laboral. El gobierno convocó a los beneficiarios para incluirlos en un plan de capacitación, a fin de formarlos en oficios y ponerlos a disposición de empresarios que precisen sus servicios.
Sólo 2.500 se incorporaron. Todavía hoy más de 8.000 personas continúan cobrando beneficios sociales sin devolver ninguna clase de contraprestación al estado.
Están en una situación crónica donde reciben un ingreso mínimo a cambio de nada.
El 1° de mayo el gobierno nacional presentó el programa de “empalme” que busca hacer regresar al trabajo formal a alrededor de un millón de jóvenes que hoy se sostienen con los magros ingresos que les genera el cobro de planes sociales, más alguna “changa” ocasional.
En Jujuy, la gerencia de empleo busca ir en la misma dirección, a través del Programa de Inserción Laboral (PIL) que en la actualidad intenta unir a los empresarios con los beneficiarios de planes sociales.
Se trata de un programa de tres etapas.
En la primera el empresario y el trabajador no tienen ningún vínculo formal, pero si una relación en la que el primero brinda una suerte de entrenamiento durante seis meses para capacitar a su futuro empleado. A cambio de asistir, el beneficiario del programa recibe 3.600 pesos mensuales y las jornadas de capacitación duran 4 horas.
Finalizado este periodo, el empresario debe incorporar a su nuevo empleado, de manera formal, y el estado continúa realizando una contribución de 4.000 pesos para completar un salario mínimo para el nuevo empleado.
Esta etapa se extiende por un año, tras lo cual el empresario deberá correr con los gastos, como en cualquier relación laboral normal.
Durante el período en el que dura el entrenamiento, el empresario recibe un descuento del 50% en los aportes patronales que las empresas pagan por sus empleados.
El problema hoy es que la demanda de las empresas en Jujuy es mucho menor a la oferta laboral que representan los beneficiarios de planes sociales.
La gran apuesta es la inversión en energías renovables que se realizará en la puna, donde la necesidad de mano de obra para distintos servicios será importante.