Duras críticas a la patrimonialización de la Quebrada: "Sembró pobreza y conflictos"
El licenciado Gustavo Ontiveros cuestionó el proceso y aseguró que, lejos de generar beneficios para la población local, profundizó los conflictos territoriales, la pobreza y la especulación sobre las tierras. Además, vinculó la imputación del exprocurador Sergio Lello Sánchez con una estructura judicial que, según sostuvo, fue utilizada para criminalizar a comunidades indígenas.
En el programa Sobremesa, el licenciado Gustavo Ontiveros realizó un duro análisis sobre la situación de la Quebrada de Humahuaca al cumplirse un nuevo aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Sostuvo que el proceso de patrimonialización fue llevado adelante sin un marco jurídico adecuado y aseguró que las consecuencias fueron negativas para gran parte de la población local.
Según explicó, desde los primeros años posteriores a la declaración comenzaron a profundizarse los conflictos por la tierra, la especulación inmobiliaria y la pérdida de prácticas comunitarias tradicionales. "Se sembró pobreza y se despertó la codicia", afirmó, al considerar que los principales beneficiarios fueron sectores con mayor poder económico, mientras que las comunidades indígenas y los habitantes de la región enfrentan cada vez más dificultades.
En ese contexto, Ontiveros también se refirió a la reciente imputación del exprocurador Sergio Lello Sánchez y consideró que las responsabilidades no deberían limitarse a un solo funcionario. A su entender, existió una estructura política y judicial que acompañó la persecución contra integrantes de comunidades indígenas que defendían sus territorios.
"Los jueces y fiscales responden a decisiones políticas", sostuvo, al tiempo que cuestionó la creación de fiscalías y juzgados en la Quebrada y la Puna. Según manifestó, esos organismos fueron utilizados para criminalizar a quienes resisten desalojos o defienden sus tierras.
El especialista también criticó con dureza a las gestiones provinciales de los últimos años. Aseguró que tanto el gobierno anterior como el actual mantuvieron la misma orientación política respecto de la Quebrada de Humahuaca y afirmó que la población continúa enfrentando problemas vinculados a los servicios públicos, la contaminación, el acceso a la tierra y el aumento del costo de vida.
En relación con el patrimonio mundial, Ontiveros señaló que la UNESCO ya realizó observaciones sobre la situación de la Quebrada y advirtió que existen recomendaciones pendientes para preservar tanto el patrimonio cultural como el patrimonio vivo, representado por las comunidades que habitan la región.
Por otra parte, expresó su preocupación por el avance de proyectos extractivos y sostuvo que existe un fuerte interés económico sobre los recursos naturales de la Quebrada y la Puna. En ese sentido, advirtió sobre la posible expansión de la actividad minera y consideró que resulta incompatible con la preservación del patrimonio y con el desarrollo turístico.
Finalmente, Ontiveros afirmó que la recuperación de la Quebrada dependerá de la participación de las propias comunidades y no de la dirigencia política. "El cambio tiene que surgir desde el pueblo", concluyó, al sostener que son los actores sociales y culturales quienes deberán impulsar un modelo que priorice la protección del territorio, la identidad y los derechos de quienes habitan la región.