Zaida Ruvira, defensora del Pueblo subrogante, destacó que con la presentación del proyecto se cumple con la sentencia que determinó que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que penalizaba el aborto por violación, informó el diario ecuatoriano El Universal.
El proyecto
En la presentación se incluye un articulado donde se establecen los derechos más específicos y las garantías que existen para las personas gestantes, tomando en cuenta las diferentes vulnerabilidades a las que puedan estar sujetas, además de su condición etaria, discapacidad, situación socioeconómica y de movilidad humana e incluso si se encuentran privadas de la libertad.
La propuesta también incluye obligaciones para la prestación de una atención integral que garantice el acceso oportuno y eficaz de los servicios de salud y de justicia. Se determina que el personal de la salud no deben someter a requisitos legales que podrían implicar obstáculos y barreras de acceso para las personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo.
Igualmente, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de desplegar todas las acciones que permitan a las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar, tener atención médica, legal y psicosocial que aporte a la reparación del daño que se origina cuando existe una violación y un embarazo no deseado.
Según Ruvira, el proyecto de ley tiene como centro la protección de las víctimas de violación como niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en el Ecuador.
El texto fue rechazado por los sectores autodenominaros "provida", entre ellos, por Pierina Correa, la hermana del expresidente Rafael Correa y miembro de la Asamblea Nacional por la alianza progresista Unes.
