El Gobierno defendió en Washington el Código Contravencional

La audiencia en la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) que era referida a la situación de la protesta social en Jujuy ha transcurrido con mucha altura, los comisionados estaban agradablemente sorprendidos por la buena participación que tuvieron tanto los representantes del Estado como también los peticionantes.

Según manifiestan los representantes del Gobierno que estuvieron allí, quedó claro que “la protesta no se criminaliza, no se impide el ejercicio de la protesta social”. Esa fue la referencia que hizo el Fiscal de Estado mariano Miranda en Washington en la jornada de hoy.

Se ha explicado que cuando se trató el tema del acampe en la Plaza Belgrano por parte de las organizaciones sociales comandadas por Milagro Sala, se trató de un sitio, “la Casa de Gobierno y el centro de la ciudad han sido sitiados en ese momento por la Red de Organizaciones Sociales buscando mantener el privilegio de seguir manejando los fondos de las cooperativas, ante el anuncio que había realizado el Gobernador Morales de bancarizar y evitar los intermediarios”.

El Estado argentino no tendrá más audiencias en lo que refiere a este tema, el tema de Milagro Sala no fue tocado en esta audiencia porque se trataba de una audiencia temática sobre la cuestión de la protesta social, algo a los que la CIDH le da mucha importancia y es uno de los temas más protegidos para que los grupos sociales y minoritarios puedan realizar sus protestas, “eso quedó claro que en Jujuy no se obstaculiza, simplemente se aplica la ley para todos”.

El miércoles habrá una reunión con el embajador ante Naciones Unidas en Nueva York, en lo que hace a derechos humanos , donde se tratarán estos mismos temas y allí sí se tocará el tema de Milagro Sala. La delegación jujeña estará retornando a la provincia el próximo viernes 24 de marzo.

En este sentido, en su alocución en Washington, el Fiscal de Estado, Mariano Miranda, sostuvo que “en particular, me referiré al Código Contravencional de la provincia, señalado en la solicitud como pieza central de los argumentos de los solicitantes de la presente audiencia, quienes acusan al actual Gobierno de la activación de sistema contravencional diseñado para silenciar el disenso social y reprimir y criminalizar la protesta”.

“El código fue sancionado en diciembre de 2014 durante una gestión de gobierno anterior y la norma que lo aprobó fue la que dispuso la fecha de la entrada en vigencia y el procedimiento de designación de los jueces”.

“Este código, por otra parte, resulta en la tipificación de determinadas conductas, como contravenciones, similar al de otras provincias de nuestro país y de algunos países de Latinoamérica, algunos de ellos, conductas similares se encuentran tipificadas como delitos penales”, dijo.

Asimismo, Miranda señaló que “en su proceso de formación, el código fue objeto de amplio debate: reuniones de comisión, audiencias públicas y el plenario de la Legislatura de la provincia. , habiendo participado todos los bloques políticos, integrantes del Poder Judicial, Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados, entre otras organizaciones civiles”.

“La vigencia del nuevo Código Contravencional de Jujuy importó un cambio fundamental para la provincia en tanto derogó la vieja Ley de Faltas del año 1951. La normativa anterior facultaba al Jefe de Policía a imponer penas sin derecho de defensa al acusado, la Policía era juez y acusador al mismo tiempo y la pena principal era el arresto”.

“En el nuevo código existe un juez contravencional profesional del derecho que lleva adelante un proceso donde se respeta la defensa al juicio y el debido proceso”, indicó.

El Fiscal de Estado también hizo hincapié en que “la pena principal del nuevo código deja de ser el arresto y la sanción más frecuente pasa a ser el trabajo comunitario a favor de toda la ciudadanía, es decir, el nuevo Código Contravencional supone una manifiesta mejora a los derechos de los ciudadanos pues sus derechos se defienden con más fuerza, se le quita competencia a la Policía de la Provincia y se le otorga a órganos compuestos por profesionales del derecho ante los cuales se puede ejercer el derecho de defensa en forma amplia”.

“Se prevé la existencia de defensores oficiales sin perjuicio del derecho de revisión judicial plena. Toda contravención debes ser tratada conforme lo dispone la Constitución Nacional y los tratados internacionales, por lo cual el artículo 113 debe interpretarse armónicamente con el artículo 2 del Código Contravencional, que establece que son de aplicación de este código todos los principios, derechos y garantías previstas en la Constitución y en los tratados de derechos humanos”, destacó.

Y añadió que “las penas que se especifican no están indeterminadas, sino que se trata de penas alternativas para posibilitar al juez su evaluación para cada caso concreto, mecanismo utilizado habitualmente en el ordenamiento penal. cabe señalar también que el referido código, en el artículo 113, prevé mecanismos de negociación previos a cualquier otra medida, determinándose que no serán detenidos ni enjuiciados por los hechos previstos en este artículo los que acataren la solución arribada entre las partes en conflicto y procedieren de inmediato a dispersarse y retirarse en orden”.

“La provincia de Jujuy no desconoce la relevancia fundamental tanto institucional como sustantiva del derecho de reunión y otros derechos conexos como el de peticionar ante las autoridades y la libertad de expresión. Sin embargo, ningún sistema jurídico puede amparar el ejercicio abusivo de derechos”.

Con respecto al acampe realizado entre diciembre de 2015 y enero de 2016 por la Red de Organizaciones Sociales en Plaza Belgrano que duró 52 días, Miranda puntualizó que “los integrantes de las organizaciones sociales, lejos de ejercer regularmente el derecho de protesta, cometieron diferentes abusos excediendo los límites de la protesta. Durante este aparente ejercicio de del derecho a la protesta social, la ciudadanía se vio afectada por la acción ilegítima de los miembros de la Red de Organizaciones Sociales, se vio interrumpido el servicio de transporte público de pasajeros perjudicando a la masa de trabajadores que acudían a sus empleos, se perjudicó a los comerciantes de las zonas aledañas, pero principalmente bloquearon y matuvieron cortada por 36 días una arteria principal de la ciudad por donde se transporta el 100% del transporte público de pasajeros, también se vio afectado el hospital público y el microcentro de la ciudad que estuvo sitiado”.

“No se trató de simple ocupación pacífica de la plaza, sino de un verdadero sitio a todo el centro de la ciudad, que se produjo a los dos días de asumir el nuevo gobierno en diciembre de 2015. La Red de Organizaciones Sociales, intermediaria entre los fondos públicos y los beneficiarios de cooperativistas, trataba de no perder su posición”, concluyó.