“Es imposible que Milagro Sala salga en 48 horas”

Tras el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendando la prisión domiciliaria para Milagro Sala, las versiones circularon con distintas posiciones según quien la emita. 

Así, mientras el gobierno de la provincia se encargó de aclarar que no se trata de una expresión vinculante, aunque sí reconocieron su cumplimiento es obligatorio, en el entorno de la dirigente se remarcaron que su liberación debía ser “inmediata”, aunque sin explicar demasiado qué fundamento les permitía sostener tal cosa. 

El zócalo en la pantalla de un canal de televisión porteño se animaba a aventurar que la líder de la Tupac Amaru abandonaría el penal de Alto Comedero “en 48 horas”. 

En medio de ese intento por manipular la información en uno u otro sentido, cobró gran relevancia la declaración de uno de los jueces responsable de haber dictado la prisión preventiva en contra de Milagro Sala.

El juez Pablo Pullen Llermanos, en diálogo con Radio 2, fue contundente: “es imposible que sea liberada en 48 horas, las cosas no son así de ninguna forma, no existe esa posibilidad en derecho”, remarcó. 

“Un proceso penal es lo más gravoso que puede recaer en contra de una persona, es fácil entrar y difícil salir, porque hay todo un mecanismo que hay que llevar adelante, entonces de ninguna manera una persona puede recuperar la libertad en 48 horas”, explicó el juez.

Llermanos aclaró que aún no fue notificado de manera formal del pronunciamiento de la CIDH. 

Sin embargo, explicó que una vez que tenga en su poder la resolución, que ya trascendió en distintos medios, el paso siguiente es correr vista a las partes y luego resolver en consecuencia. 

No obstante, se encargó de remarcar su soberanía para resolver el incidente en base a la información que obra en el expediente, la que analizaría con independencia. 

Además, fue un poco más allá al asegurar que los argumentos que esgrime la CIDH, a los que tuvo acceso por los medios de comunicación, manejan una información distinta de la que él posee. 

“Conozco la situación de salud y de alojamiento en el servicio penitenciario y no comparto que correría riesgo la vida (de Milagro Sala), ni que haya un malestar profundo de tipo psicológico porque esos no son los informes que obran en mi poder; incluso la Corte, en el expediente que tiene tramitando la excarcelación de Milagro Sala, en la causa que tiene el doctor Mercau, ha producido pruebas tendientes a determinar cuáles son las condiciones de alojamiento y todos los informes dan pautas de que está bien el alojamiento”, aseguró el juez.

Pullen Llermanos dictó prisión preventiva para la dirigente en dos de las tres causas que explican su detención. 

La primera de ellas es la causa conocida como la balacera de Azopardo, donde se acusa a Milagro Sala por tentativa de homicidio agravada por promesa remuneratoria. El juez entendió que es probable que la dirigente haya pagado a sicarios para que asesinen a Alberto Cardozo, un viejo rival político con el que después se alió. 

El otro expediente está relacionado con el caso Luca Arias, un dirigente enemistado con Milagro Sala, al que la líder de la Tupac habría golpeado con culatazos en la cabeza, mientras guardaespaldas los rodeaban. Todo habría ocurrido en un despacho oficial. 

“Hay que estudiar el expediente, ver cuáles son las condiciones en las que se podría entregar algún tipo de beneficio para la encartada, llámese prisión domiciliaria o alguna otra, y hay que analizar si se dan las condiciones necesarias para cada una de esas modificaciones y cómo se podría instrumentar”, dijo el juez, desestimando que el cumplimiento de la recomendación realizada por la CIDH sea un hecho.

Finalmente, atribuyó el debate público respecto del caso a la lentitud de la propia justicia para juzgar a los sospechosos de cometer delitos y emitir eventuales condenas. 

Esta falencia es en parte explicada, según el juez, por las estrategias de las defensas de recurrir constantemente cualquier decisión, con el objetivo de dilatar los procesos. 

“La ley está hecha para garantizar los derechos del imputado pero también puede ser utilizada para entorpecer. Además, hoy existen tres tribunales en lo criminal desde hace 50 años”, se quejó.