Un desfalco de 237 millones y un gerente que atiende los dos mostradores en el ISJ
La denuncia fue presentada por legisladores radicales ante la Fiscalía N° 8 a cargo de Alejandro Bosatti incluye una serie de ítems, que en su sumatoria alcanzan los 237 millones de pesos, el documento presentado ante la Justicia detalla una serie de actos administrativos reñidos con la ley.
En el escrito está especificado que el gerente administrativo, Luis Ugarte, autorizó en nombre del Instituto de Seguros de Jujuy y a su vez endosó el cobro de un cheque por valor de 134 mil pesos en favor de la empresa Meditar S.A.
Esta empresa es una de la tantas tercerizadas que tiene como función las internaciones a los afiliados de la obra social provincial en la Capital Federal.
El fiscal Alejandro Bosatti ahora deberá probar que Luis Ugarte ocupa los dos lados del mostrador, paga y cobra al mismo tiempo.
Cabe destacar que la Ley de Ética Pública y la ley orgánica del ISJ prohíbe terminantemente que un funcionario que integra el directorio del organismo provea servicios y lucre con la entidad.
Para los diputados radicales, Palumbo y su directorio vienen realizando este tipo de maniobras desde el 2012.
La acumulación de negociados del mismo tipo deriva, según la oposición, en una malversación de fondos por más de 237 millones de pesos.
Hasta el momento, ni Ugarte, ni Palumbo, ni el Gobernador Eduardo Fellner, ni nadie de su gabinete, atinó a brindar explicaciones ante tamaña acusación.
Cabe recordar que en esta denuncia también está establecido que Daniel Palumbo pagaba con el aporte de los afiliados vuelos hacia su provincia natal por más de 24 mil pesos, además del pago de alquileres y 10 líneas telefónicas a su nombre.
Además habría utilizado el dinero del organismo para sostener un costosísimo alquiler en nuestra provincia, que junto a las expensas asciende a la suma de 20 mil pesos mensuales.
Por si fuera poco, Palumbo contaría con 10 líneas telefónicas a su nombre, cuyas facturas son abonadas con el aporte de todos los afiliados a la obra social de la provincia.
La denuncia realizada por diputados de la Unión Cívica Radical implica una apropiación indebida de fondos públicos por más de 237 millones de pesos, por maniobras ejecutadas por sus autoridades desde el año 2012.
Licitaciones a libro cerrado para beneficiar a empresas amigas y contrataciones de servicios innecesarios para la obra social de los empleados públicos sobresalen entre los hechos denunciados.