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Roberto Gómez: “No hay nada más que discutir”

La plena aplicación de la Ley de Medios, generó nuevamente el debate en la sociedad y puso en vigencia un viejo enfrentamiento entre el gobierno K y el grupo Clarín. Roberto Gómez, disertó sobre los alcances de la ley y su aplicación a partir del 7 D.

En una charla efectuada en la Facultad de Humanidades a sala llena, el redactor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, explicó cómo se implementará sobre todo el Artículo 61 de la ley, el único que no está en plena vigencia y que obliga a los grandes grupos corporativos de medios a adecuarse a la normativa.

Gómez dijo que “esperamos que a partir del 7 D se de un gran paso adelante como debe ser, que ya lo está haciendo.  Porque este debate multiplicado en todo el país, es el que va ayudar que ese paso se concrete y que la concentración mediática,  retroceda los límites que la ley permite”.

Afirmó el actual director de la revista “Acción” e integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que: “Estamos en vísperas de un acontecimiento muy importante, la puesta en práctica total de la Ley de Servicio Audiovisual sancionada hace tres años por el Parlamento Nacional, y que por diversos motivos, fundamentalmente por la oposición y por los sectores concentrados de la comunicación, está en mora la aplicación de algunos artículos fundamentales como el artículo 61 que exige la adecuación de todos los medios a la normativa que marca la ley en materia de cantidad de licencias”.

Consultado sobre las expectativas que se generó en los últimos días, el plazo fijado por la Suprema Corte para que entre en plena vigencia la ley, dijo Gómez: “Estamos a la espera de eso y a medida en que se acercan los días aumenta el calor de la polémica, de la resistencia que oponen, pero la ley está aprobada, la Corte Suprema la ratificó y no hay nada más que discutir”.

Al hacer referencia a la ley, recordó que “en el año 2004, muchas organizaciones sociales, y políticas, estudiantiles, universitarias, religiosas, pueblos originarios, entidades comunitarias, sectores cooperativos, comenzaron a reunirse para exigir una nueva ley que se ajustara a los principios más actuales de la comunicación, como derecho humano fundamental. Fuimos elaborando durante meses, un catálogo o una serie de propuestas que se conocieron como los 21 puntos, donde se definían los criterios fundamentales que tenían que tener la nueva ley. Nosotros llevamos los 21 puntos al gobierno de Néstor Kirchner, hicimos rondas de debate, viajamos por todo el país, todos los integrantes, y así llegamos al gobierno de Cristina Kirchner que dijo ‘estoy dispuesta a hacer una nueva ley de radiodifusión, ¿cuál es la propuesta de ustedes?’ Esta le dijimos”.