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Para Víctor Aramayo, Fellner “chantajea” a los trabajadores

“Chantaje” fue la palabra utilizada por el dirigente gremial para calificar los dichos del gobernador, que planteó a los estatales la imposibilidad de otorgar aumentos salariales a pesar de que la provincia recibió un 44 % más de coparticipación.

El secretario General de APUAP dijo que no aceptarán los dichos ni los justificativos del mandatario jujeño, quien planteó la imposibilidad de otorgar aumentos salariales y citó a manera de presión, los despidos que se están produciendo en el sector privado, para ejemplificar la difícil situación de los trabajadores en todo el país.

“La verdad no suena a otra cosa que a chantaje; así lo entendemos los trabajadores. Para el colmo cita el hecho de que en el sector privado hay despidos; efectivamente hay despidos y citando esos ejemplos es como si diera un mensaje al trabajador estatal, diciendo ‘miren que a ustedes les puede pasar lo mismo’, entonces nos lleva, más allá de sus intensiones, a plantear  ‘elijan entre salario o trabajo’. Esto no tiene otro nombre que chantaje, más allá de las intensiones que tenga el gobernador” sostuvo el sindicalista.

La mirada que le impuso el Gobierno a los planteos de los trabajadores, tomó ribetes impensados, por lo que no la aceptarán en ninguna medida, sostuvo Aramayo. “Esto no es aceptable por parte de los trabajadores, de ninguno, menos de los trabajadores estatales que venimos reclamando desde hace muchos años que los acuerdos que realizamos con las autoridades gubernamentales de cada momento, se cumplan y esto no es lo que ocurre como norma. La norma es el incumplimiento, a veces absoluta o parcial, de lo que cada turno de gobierno acuerda con los trabajadores”.

También planteó que llama la atención lo dicho por el gobernador y el ministro Pierazzoli. “Nos da la impresión de que se quieren colgar de la pluma de los fondos buitre, cuando en realidad, muestra que lo que está pasando en la Argentina y en la provincia, ocurre con mucha anterioridad a este episodio económico financiero que tiene como protagonista los fondos buitres”.

Aramayo sostuvo que estos dichos no contribuyen, ni suman en nada a la negociación salarial que llevan adelante: “por el contrario, la enturbian más porque en la reunión fuimos claros en nuestros planteos, muy precisos. Hablamos de tres cuestiones que queríamos abordar y tratar de solucionar, el piso salarial, el porcentaje de aumento salarial para el segundo semestre; es decir la recomposición salarial que tenga en cuenta el proceso inflacionario en el país y también el tema de las asignaciones familiares con la que se produce una gran injusticia con los trabajadores que cada vez que reciben un pequeño aumento ven disminuidos, sus salarios, no aumentados porque dejan de cobrar la asignación familiar en el tramo que le corresponda para cobrar la asignación”.

El médico ratificó que se le solicitó al ministro Pierazzoli explicaciones sobre el aumento del 44% de la coparticipación y especialmente saber en qué se gasta. “Nosotros tenemos el registro claro que al 31 de julio de este año, el Gobierno ha recibido de coparticipación directa 5 mil 37 millones de pesos, esto es un 44% más respecto al mismo periodo del 2013. La pregunta surge evidente: ¿En qué se invierte o en qué se gastan los dineros? que en este porcentaje vienen desde la Nación por vía de coparticipación directa, siendo esta que no es la única vía por la que reciben dinero porque también viene por otros conductos, las asignaciones discrecionales, el fondo de la soja y una serie de conductos que traen dinero a la provincia. Le planteamos en concreto, cuánto de la coparticipación federal se invierte en salario y cuánto en otra cosa. Nos dio una repuesta que no es exacta, porque dijo que el 100% de lo que llega por coparticipación, se invierte en salario”.

El titular de APUAP También planteó sus dudas sobre el accionar del ministro de Hacienda de la provincia, destacando: “Es esperable cualquier cosa de este ministro, no podemos asombrarnos mucho de lo que ocurra en estas negociaciones con los distintos funcionarios. Es como que no registraran que mucho de los que estamos en la mesa de negociación del lado de los trabajadores estamos en esta situación no de ahora, sino desde hace más de 20 años y conocemos los procesos que han ocurrido en estos últimos 20 ó 25  años, con los distintos funcionarios, todos ellos casi siempre del mismo equipo político, porque no es que están desde ayer o del año pasado. Gran parte de los que gobiernan la provincia forman parte de un grupo político que se recicla en distintos cargos durante distintos momentos. Por lo tanto conocemos perfectamente cómo se mueven, que artimañas tratan de utilizar cada vez que  nosotros hacemos un planteo justificable y razonable para no darnos repuesta”.

El radicalismo fue contundente y claro al afirmar que el proyecto para la precarización laboral es un verso. Al respecto, Aramayo dijo que “las leyes que el Poder Ejecutivo mandó al Legislativo, tendrán que ver con el blanqueo, un relevamiento pormenorizado de cuántos trabajadores tiene la provincia tanto en la administración central como en los municipios, en  qué carácter están, cuál es el tipo de relación laboral que los une al Estado provincial o a los municipales, si lo pueden lograr”.

Víctor Aramayo sostuvo que “nada tiene que ver con darle repuesta a lo que ellos firmaron el 29 de agosto del año pasado”.

“Ya se va a cumplir un año, con la Intersindical que era el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que tuvieran dos años o más de antigüedad en la administración, cualquiera sea la forma de relación administrativa o legal que revistieren. De manera que lo que mandaron a lo mejor tenga esa intencionalidad pero dudo que lo puedan concretar realmente, porque si no puede cumplir pequeños acuerdos en materia de relaciones laborales, muchos menos van a cumplir en la normalización de la relación laboral con los trabajadores de la administración en los términos que fija la propia ley marco que rige la carrera administrativa de todos los trabajadores de la provincia,  que es el Estatuto del empleado público”, finalizó.