Pablo Baca propone un registro único de aspirantes
Luego del debate legislativo que concluyó con la sanción de la ley “Plan Provincial de Regularización Dominial”, señaló que “el desafío que sigue pendiente es garantizar los derechos de los que habitan Jujuy, sin que haya ninguna posibilidad de manipulación, acomodo o clientelismo”.
En esa línea destacó que “la selección de los adjudicatarios de viviendas o lotes que provengan de fondos públicos es una tarea que no puede ser delegada por el Estado” y por ello consideró “imprescindible implementar un régimen abierto y único de aspirantes como el que ha sido propuesto por la Unión Cívica Radical”.
Durante su intervención en el recinto Baca observó que “la primera ley que se tendría que haber tratado en Jujuy, para avanzar no sólo en la solución del déficit habitacional sino también en la vigencia de la democracia, es una ley que transparente la adjudicación de viviendas construidas con fondos públicos en la Provincia de Jujuy”.
Precisó que el bloque de la U.C.R. propuso un régimen abierto y único de aspirantes a planes de lotes y viviendas en la provincia. “La creación de un registro único y la implementación de procedimientos que garanticen que los beneficios van a ir a quienes más los necesitan, y en un marco de igualdad de oportunidades, no sólo hace a la satisfacción de necesidades sociales sino también al acceso a la ciudadanía y la supresión del clientelismo en las políticas públicas”, explicó.
Durante el proceso que derivó en el texto definitivo de la ley, Baca sostuvo que el trabajo del bloque del radicalismo se ha orientado a garantizar los derechos de todas las personas que han accedido a viviendas o lotes fiscales financiados con recursos públicos.
“El objetivo era que no sólo quienes hubieran recibido una adjudicación de parte del Instituto de Viviendas, sino también todos los que hubieran recibido lotes o unidades habitacionales de municipalidades, organizaciones sociales o cooperativas, tuvieran el derecho y la oportunidad de acceder a la escritura”.
El legislador provincial observó que “la ley que se sanciona garantiza en efecto este derecho. Mientras que el proyecto original se refería a inmuebles en los que el Instituto de Viviendas y Urbanismo haya actuado o actúe como autoridad de aplicación”. El texto que finalmente se aprobó establece que el régimen es comprensivo de los inmuebles construidos, adjudicados, administrados y/o financiados con recursos públicos del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.
Finalmente recordó que “hay varias decenas de miles de familias que carecen del derecho de propiedad debidamente registrado” y acotó finalmente que “la reglamentación que ahora tiene a su cargo el Poder Ejecutivo Provincial tiene que ser apta para agilizar el otorgamiento de las escrituras”.