Miguel Ángel Cabezas: “Cada causa judicial que no se resuelve es un estallido social en miniatura”

El letrado se manifestó preocupado y con dolor por la muerte del fiscal Nisman y los sucesos ocurridos en su entorno, pero con esperanza de que esto sirva para mejorar, para que sea una bisagra y las instituciones cumplan la función para la cual han sido creadas. “No hablamos de una persona determinada como el fiscal Nisman sino de una institución como es el Ministerio Público”, dijo.

Cabezas pidió que las instituciones de la sociedad den respuestas reales a las necesidades y a los reclamos de la sociedad y recordó que los fiscales son los representantes de la sociedad ante los estrados de los magistrados.  “Ellos son los que tienen el deber y la obligación de velar por cumplimiento de la ley, no solamente de quien está sometido a proceso sino también de las partes intervinientes en el proceso penal”.

El abogado habló de falencias materiales de los fiscales que no tienen elementos básicos de trabajo y de una falencia de orden funcional, en el sentido de que las distintas fiscalías operan de manera independiente sin una guía clara de su jefe que es el fiscal general. Esto permite que algunas fiscalías conceden la libertad a un detenido y otras que no. Hay fiscalías que por un homicidio conceden la libertad y otras que por el robo del estéreo de un auto no.

“Se nota que falta un criterio unificado en términos estrictamente legales  hacia abajo. Una instrucción en la que se diga a los fiscales cómo actuar en determinados casos. Después será el magistrado quien resuelva, pero la posición del Ministerio Público es esta. Ocurre que fallan los controles, las rendiciones de cuenta, porque los fiscales como los jueces, están con aire acondicionado en una oficina cómoda y es fácil decir, hacer o no hacer las cosas desde ahí. En cambio, para el vecino de Alto Comedero, para el trabajador que tiene que tomar un colectivo y permanentemente lo agreden o roban en la parada y es un infierno venir a cumplir con sus obligaciones, es difícil que esos magistrados entiendan esa situación y su gravedad”, sostuvo el abogado.

Mucho se habla por estos días de la ausencia anunciada de fiscales y jueces en la marcha de nuestra ciudad. Cabezas sostuvo al respecto que se sienten inmunes y no le deben rendir cuentas a nadie. “Así es como se manejan. Realmente es notorio el círculo vicioso que existe en función de intereses”, consideró.

Puso como ejemplo que hace tiempo está tratando de averiguar dónde está un expediente elevado a juicio hace más de tres años y no lo consigue. “Alguien que cumplió con sus funciones de investigar, elevar a juicio una cusa, ve cómo esa tarea que hizo se ve frustrada por el no cumplimiento de otro fiscal o de otro funcionario judicial”, comentó. Por esa causa hay procesados funcionarios públicos que deben ir a juicio, por lo que supone que hay injerencia del poder político

“Cada causa judicial que no se resuelve, cada delito que no se investiga y no se resuelve es un estallido social en miniatura”, afirmó.  Con respecto a la marcha de esta noche consideró que es la síntesis de todo esto.

Un tema que preocupa mucho por estos días son las declaraciones del diputado nacional Mario Fiad (UCR), quien admitió que los servicios de inteligencia en la provincia son utilizados para espiar a dirigentes políticos y periodistas. Cabezas coincidió con esas apreciaciones  y dijo con preocupación que los servicios de inteligencia son los mismos que operaron durante el gobierno militar, “con sus mismos objetivos, es decir, espiar a periodistas, a quienes piensan, dirigentes sociales y dirigentes políticos”. En el servicio de inteligencia no hubo una depuración como sí la hubo en la Iglesia, en las Fuerzas Armadas, en la Policía.

Consideró que lo primero que hay que hacer es una “limpieza” en los servicios de inteligencia, depurarlos, que  sean controlados por un civil con acuerdo parlamentario que reporte a ese parlamento.

A su entender, el gobernador de la provincia no está ajeno a esta situación, porque los servicios de inteligencia son utilizados por el Estado para sus intereses políticos, como determinar dónde vive determinado periodista, con quién vive, con quién sale, cuál es su pensamiento. “Son los objetivos y paradigmas fijados por el gobierno de facto”, afirmó.