Llanos ratificó en la justicia, denuncia contra Jorge Ale

La denuncia se presentó en la fiscalía N° 10, del Dr. Farral, con el expediente N° 5553/13 con fecha 12 de abril, agudizando así la férrea disputa que hay entre los dos líderes políticos del justicialismo.

Según el escrito que lleva las firmas del abogado Luis René Fernández y del diputado Ermindo Marcelo Llanos, denuncia al intendente Ramón Jorge Ale, como así también a todos aquellos funcionarios municipales que estuvieran involucrados.

Los hechos denunciados, están referidos a la posible comisión de los delitos de estafa, defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado, falsedad ideológica en instrumento público, uso de instrumentos públicos falsos y asociación ilícita.

Según se explica, en la ciudad de Libertador Gral. San Martín tomó estado público la existencia de distintas personas que no pueden acceder a planes sociales y otras que perdieron beneficios de la Asignación Universal por hijos, por estar percibiendo haberes. También se hace notar que dentro del municipio hay personas trabajando con contrato de locación de servicios y que perciben como remuneración sumas que van desde los 150 a los 200 pesos y afirman que el municipio los hace figurar en las planillas de pago por cifras muy superiores a este monto.

Agrega que existen contradicciones entre los listados que el jefe comunal envía a la provincia todos los meses desde el año 2010 a la fecha en donde figuran 654 agentes con planes de empleo mediante la modalidad de contratos de locación con haberes que oscilan desde los 800 y 1.100 pesos. Según se hace constar, de los agentes inscriptos, “muchos de ellos nunca trabajaron para el Estado municipal”.

 Otros lo hicieron pero ya no prestan servicios por haber sido dados de baja y quienes realmente cumplen funciones, perciben haberes menores a los declarados por el municipio. Se recalca que en total los damnificados serían cientos de vecinos de la ciudad de  Libertador.

Muchos de ellos ya habrían hecho presentaciones legales en la sede judicial de San Pedro, que se tramitan mediante distintos expedientes penales y otros directamente hicieron presentaciones en el Concejo Deliberante.

También se hace mención a otros casos que figuran en los listados que el municipio remite al gobierno de la provincia justificando el pago de haberes de personal contratado y de planta.

Cita como ejemplo de personas damnificadas, los casos de Rubén Gerardo Romero y de Mabel del Rosario Figueroa, con sueldos mensuales de 800 y 1000 pesos. El caso que ambas personas ya fallecieron, adjuntándose a las denuncias las fotocopias de los respectivos certificadas de defunción, y sin embargo supuestamente percibieron sus haberes en los meses de agosto y septiembre del 2011 cuando fallecieron en junio y abril del mismo año.

Entre otras inconsistencias, se destaca la de la empleada municipal Mariel del Rosario Enrriquez, quien desde hace varios años está radicada en la provincia de Chubut, con domicilio en calle Olegario Andrade 1005 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, quien habría asegurado no haber prestado servicio jamás en la municipalidad de Libertador. Sin embargo figura en la nómina con N° de orden 640 y con un haber mensual de 850 pesos.

“En todos estos casos y si tenemos en cuenta el total incluido en las planillas en forma mensual, las malversaciones ascenderían a la suma de $ 572 mil pesos mensuales.

En otro tramo de la denuncia se destaca que “es claro que el intendente no actuó solo, sino con la colaboración de varios de sus funcionarios, con una evidente coordinación que respondía a una cuidada planificación para cometer una multiplicidad de delitos y con voluntad de permanencia de los miembros de la banda. Presuntamente en dicho caso, se estaría configurando el delito de “asociación ilícita”, en donde el jefe de la misma será el titular del Departamento Ejecutivo” afirma la denuncia.