Juicio Histórico: Niegan la restitución de la prisión domiciliaria a Antonio Vargas
En la jornada de hoy se cumplió la décima audiencia del juicio por delitos de lesa Humanidad, donde prestaron declaraciones testimoniales cuatro ex trabajadores de la empresa Mina El Aguilar, en el marco de la causa “Avelino Bazán”.
El Tribunal Oral Federal de Jujuy está integrado por los jueces, René vicente Casas (Presidente) Marcelo Juárez Almaráz, Daniel Morín y Fátima Ruíz López (juez subrogante) , escuchó las testimoniales de Santiago Quispe, que se hizo a través del sistema de Videoconferencia desde la vecina provincia de Salta; Angel Ricardo Rosso, Luis Ramón Romitti y Demetrio Mendoza.
Todos coincidieron al describir la metodología de detención, utilizada por personal de gendarmería, con complicidad de la empresa Minera El Aguilar. También relataron detalladamente cómo vivieron el tiempo de detención, las consecuencias posteriores y en algunos casos se mencionaron nombres de personajes de ese entonces, que colaboraron con la dictadura militar.
Uno de los testigos acusó a Monseñor Sixto Villoldo, como uno de los sacerdotes que ingresaba al penal a confesar a los presos y luego compartir esa información con personal militar, de gendarmería y del propio servicio penitenciario, a pesar de que estaba encuadrado en el “secreto de confesión”.
Los relatos de los ex mineros, en muchos casos estuvieron cargados de duros recuerdos por cómo sucedieron los hechos, la forma que fueron tratados y las consecuencias que sufrieron los ex detenidos, a posterior de su liberación.
Finalizada la etapa de las testimoniales, el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, pidió al Tribunal, que se solicite al Obispado de Jujuy información sobre el paradero de Monseñor Sixto Villoldo, con el fin de hacerlo comparecer. Casas aclaró que tenía conocimiento que ya había fallecido hace algunos años atrás, pero se mantuvo el pedido para confirmar tal situación.
También se denegó un pedido de allanamiento realizado por la fiscalía, porque el peticionante no lo fundó en un nuevo hecho, teniendo en cuenta que en la etapa de instrucción se deben realizar este tipo de pedidos.
La defensa De Braga, en la voz del Dr. Ricardo Vitellini, solicitó que se libre oficio al Jefe de Estado Mayor del Ejército, para conocer los datos personales de Celén Alberto Rosas, Luis Raúl Moreno y Carlos Jorge Martínez, ex militares. Además de la historia clínica de Mariano Braga, ya que no se encuentra la misma en el hospital Militar de Córdoba donde fue atendido cuando sufrió un accidente, y probablemente se encuentren en el Comando de Sanidad o al archivo Histórico del Ejército.
Desde la próxima semana se aumentará a seis el número de testigos que prestarán declaración por cada jornada, a los efectos de aprovechar mejor los días de debate.
Por último, la defensa de Vargas, puso en conocimiento del Tribunal, ciertas irregularidades que se estarían cometiendo en el lugar donde está actualmente detenido el ex militar, el Hospital Militar de Ezeiza. Afirmó que se constató gente que fuma, que las condiciones sanitarias no son las adecuadas. A consecuencia de esta situación, la esposa de Vargas, hizo una exposición ante la Defensoría de Derechos Humanos solicitando su intervención.
Además declaró que lo ve mal en su estado de salud; no es el mismo que era antes, por lo cual solicitó se realicen nuevas pericias psicológicas y medidas, con peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente peticionó que sea revaluado nuevamente en su lugar de detención, porque no se siente bien y en ocasiones no recuerda bien lo que dice o hace.
El fiscal Snopek, aclaró que no es jurisdicción del tribunal tomar medidas dentro de las cárceles; que el acta labrada por la señora de Varga no tiene validez pro cuanto no es parte del juicio, y sí que se realice una nueva evaluación médica.
El tribunal le dio la razón al fiscal y denegó todos los pedidos, a excepción del informe médico, que lo deberá hacer el personal que lo atienden en el hospital.