Juicio histórico: Sin definición por la ampliación de delito a Antonio Vargas
Vargas llegó al juicio acusado del delito de privación ilegítima de la libertad calificada y la Fiscalía pidió se adicione el delito de “tormentos” contra presos políticos, hecho que surgió a partir de las declaraciones hechas por los numerosos testigos que brindaron sus testimonios en la causas “Aredez, Luis y otros” y “Bazán, Avelino y otros”.
Allí están involucradas 32 personas, entre los que se encuentran 27 mineros de Mina El Aguilar, privados de su libertad y sometidos a torturas y otros tormentos en la cárcel de Gorriti, precisamente cuando Vargas se desempeñaba como director de dicha unidad penitenciaria.
Recordemos que en la audiencia de la semana pasada la defensa del imputado, a cargo de los doctores Matías Gutiérrez Pera y Carlos Schafer, realizó el descargo correspondiente a la resolución del Tribunal y pidió la nulidad del pedido de ampliación de la requisitoria argumentando que “no había hechos nuevos” que se desprendan de las declaraciones de los testigos.
Para la Fiscalía y las querellas surgen de las declaraciones escuchadas en las causas “circunstancias agravantes” que ameritan que el Tribunal haga lugar al pedido efectuado.
En este sentido, los jueces argumentaron que deben tomarse más tiempo para resolver la situación y estudiar profundamente el tema para evitar recusaciones o nuevos pedidos de nulidad ante otros organismos de la Justicia Federal, como la Cámara de Casación.
En cuanto al pedido de la defensa de Braga sobre si continúa o no la revocación de la prisión domiciliaria del imputado, quien insultó a la testigo Adriana Aredez cuando testimoniaba el 24 de agosto pasado frente al Tribunal, éste resolvió no hacer lugar al pedido, motivo por el cual seguirá con prisión común.
En la jornada de hoy prestaron declaración testimonial, dos ex oficiales de policía que prestaban servicios en la el Comando radioeléctrico y en la jefatura de Radio patrulla.
Previo a ellos, testimonió Aída Luz Bejarano, quien trabajaba en el Hospital Neuropsiquiátrico “Néstor Sequeiros”. La mujer contó que por pedido de una compañera de trabajo llamada Rosalía y que se desempeñaba como portera, fue al Regimiento 20 a hablar con alguna autoridad militar para que pudiera conocer el paradero de un sobrino, Dante Torres y que su madre pudiera verlo en donde estuviera detenido.
Recordó que en esa oportunidad llegó a bordo de su camioneta al Regimiento 20, y en guardia pidió hablar con algún oficial y fue atendida por Carlos Bulgheroni. Tras exponerle la situación, éste accedió a entregarle una autorización escrita para que la familia pudiera visitar a Dante en la cárcel de Gorriti donde se encontraba alojado.
La situación se repitió nuevamente al poco tiempo luego de que la madre de Dante pudiera visitarlo en su lugar de detención. Esta vez, Aída fue a ver nuevamente a Bulgheroni, y le habría manifestado “le aconsejo o le sugiero que no se meta en esto porque corre serio riesgo”, tras lo cual se negó a entregarle una nueva autorización.
Contó que volvió a ver a su amiga Rosalía y le informó de lo sucedido, con lo cual no insistió más para conseguir la autorización. Dante Torres, habría sido visitado por su madre en una ocasión más y luego fue desaparecido.
Al poco tiempo su padre falleció y un hermano emigró hacia Bolivia. Se acordó Aída que después vio a la madre de Dante en pésimo estado de salud mental, que le decía a una vecina: “Si viene Dante decile que le dejo la comida”, cuando en realidad su hijo había desaparecido mucho tiempo atrás.
Dante Torres, era vendedor de libros al momento de ser detenido en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus cuando regresaba de San Pedro de Jujuy.
Posteriormente declaró Ciro Puca, quien se desempeñó en el Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia, reconociendo que tanto Braga como Bulgheroni, visitaban asiduamente la Central de Policía, sin especificar con qué motivos o si tenían alguna relación laboral o misión en esa institución.
Puca especificó en un plano, el lugar donde desempeñaba diariamente sus labores y de qué manera pudo apreciar la presencia de ambos imputados en la Central de Policía.
Junto con estos dos militares, contó que había personal de Gendarmería y del Servicio Penitenciario que también ingresaba a determinadas oficinas de la central.
También prestó declaración testimonial, Eleuterio Severo Pérez, oficial retirado de la Policía de la Provincia, que ejerció funciones en el comando Radio Eléctrico, y dijo recordar el apellido Braga, en el ejercicio de sus funciones. Reconoció que en el lugar donde trabajaba, había celdas donde se alojaban a personas demoradas o detenidas por cualquier circunstancia. Según afirmó, se llamaba “alcaldía” a donde también ingresaba o circulaba personal militar. Destacó que ese sector era totalmente aislado y se ingresaba por calle Belgrano, razón por la cual, poco podía describir de lo que allí sucedía.