Intiman a funcionarios que aún no presentaron declaraciones juradas

Luego de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación en diciembre pasado, los casos de corrupción vinculados sobre todo a la gestión kirchnerista empezaron a salir a la luz de la mano de jueces que estuvieron “dormidos” durante más de una década, tiempo en el que la palabra “corrupción” no parecía estar en el vocabulario de los funcionarios gubernamentales.

Primero fue “La Ruta del Dinero K” encabezada por Lázaro Báez, su hijo Martín, Leo Fariña –que fue quien reveló muchos de estos casos que aún permanecen impunes- y Elaskar. Luego la investigación se fue ramificando y fueron apareciendo otros nombres como Julio De Vido, Milagro Sala y el más reciente de José López y los millones de dólares en el convento.

Todos estos personajes tienen algo en común: no solamente robaban dinero al Estado, sino que además sus patrimonio personales se incrementaron de manera desmesurada.

Por ello es que el Gobierno provincial decidió hace algunas semanas transparentar su gestión y obligó a todos los funcionarios que forman parte de este gobierno que presenten sus declaraciones juradas que luego serán publicadas en la web para que estén a disposición de todo el que quiera acceder a las mismas.

En este sentido, el fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción, Juan Manuel Soler, manifestó a Radio 2 que “la verdad que venimos haciendo un trabajo muy fuerte para que se cumpla con esta obligación legal y esta decisión política de dar publicidad a todo lo que tiene que ver con el tema patrimonial de quienes son y han sido funcionarios”.

“Respecto a quienes están en funciones, hemos tenido el primer vencimiento el 29 de julio, algunos la han presentado y a los que no la han presentado se los ha intimado en sus lugares de trabajo para que en 15 días hábiles lo hagan, sino empezaremos a aplicar las sanciones”, dijo.

Asimismo, Soler destacó que “respecto de los que han terminado su mandato, ya sea el 9 de diciembre o bien lo hayan hecho con anterioridad, el vencimiento operaba el 11 de agosto, pero con el asueto del pasado lunes ha pasado para el 12 de agosto, y si les damos las dos primeras horas del día hábil siguiente van a tener hasta el martes 16 de agosto”.

“Primero, debemos decir que el universo de sujetos obligados (a presentar la declaración jurada) es tan grande que ni siquiera logramos tener la nómina desde los organismos que nos tienen que informar. Si hablamos de funcionarios que actualmente están ene ejercicio, nosotros tenemos cerca de 1.000, de los cuales estamos superando el 70% y los otros han sido intimados y la estarán trayendo”, sostuvo.

El fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción remarcó además que “el sistema también prevé que estarían obligadas todas aquellas personas jurídicas, cooperativas, asociaciones, centros vecinales, consorcios y hasta incluso personas físicas que hubieran recibido algún subsidio del Estado provincial. Ese universo es tan grande y tan difícil de cotejar, que estamos trabajando en eso y estamos intimando a quienes están obligados y han incumplido”.

“Pero si nos basamos solamente en el tema de los funcionarios, diputados y gente de los organismos descentralizados que prestan cooparticipación estatal, se llega a un universo de 1.000 personas de las cuales ya han presentado su declaración el 70%. Pero esto siempre es dinámico porque hay que cargar las declaraciones juradas, hay que gente que no estaba cuando la intimamos y la tuvimos que volver a intimar”, puntualizó.

Y agregó que “el ex Gobernador Fellner no ha presentado aún su declaración, pero tampoco tiene los plazos vencidos. Estos plazos surgen del decreto reglamentario 919 y de la ley de ética pública que les daba 30 días a partir de la publicación del decreto a quienes estaban en funciones y 60 días a quienes habían cesado sus funciones”.

“La ley prevé que los gremios pueden hacerlo si ellos se someten voluntariamente a los alcances de la ley. Nosotros en una oportunidad en Buenos Aires, en un curso sobre declaraciones juradas donde estaba el banco Mundial y otras entidades, planteamos la necesidad de que estén los gremios y los hijos mayores de los funcionarios, pero no es imperativo de ellos, como tampoco lo es de los municipios, pero nosotros hemos hecho una gran campaña para que los municipios se adhieran mediante ordenanza al cumplimiento de esta normativa, muchos ya lo han hecho y están cumpliendo con los extremos de la ley”, finalizó.