Ex funcionarios fellneristas reacios a presentar sus declaraciones juradas

Finalmente, la semana pasada el ex Gobernador de la provincia, Eduardo Fellner, presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Al igual que en la gran mayoría de los distritos del país, los funcionarios jujeños tendrán la obligación de hacer públicas sus declaraciones juradas y mostrarle al resto de la sociedad cuál es el patrimonio con el que llegan al Estado, y cuál es el que se llevan.  

El organismo responsable de articular la confección y organizar la publicación de las declaraciones de bienes del gabinete es la Oficina Anticorrupción.

La declaración jurada de Fellner ya fue presentada y la misma ya está publicada en la página de la Oficina Anticorrupción. Sin dudas, el Gobierno buscará convertir el trabajo de la Oficina Anticorrupción en un hecho político de envergadura: será la primera vez en la historia en la que habrá información pública a disposición de la ciudadanía relacionada con la situación patrimonial de sus dirigentes políticos.

Durante los 17 años de gestión del fellnerismo, nunca se supo cuáles eran los bienes de los dirigentes que pasaron por la función pública, en la década que más recursos llegaron a Jujuy en toda su historia.

Sin embargo, los funcionarios y ministros que acompañaron a Fellner durante toda su gestión no siguieron el mismo camino, ya que no llega a 100 el número de funcionarios fellneristas que presentaron su declaración jurada (el plazo vencía este martes), un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta además que de los funcionarios del Gobierno actual son cerca del 80% los que cumplieron con esta obligación.

En este sentido, el Fiscal Adjunto de la Oficina Anticorrupción, Juan manuel Soler, manifestó a Radio 2 que “de los funcionarios actuales, el 80% han presentado sus respectivas declaraciones juradas; en cambio de los funcionarios anteriores, es decir de los que se han vencido en su función, es muy bajo el porcentaje, no llegan a los 100 funcionarios”.

En cuanto a las sanciones previstas por incumplimiento, Soler destacó que “hay sanciones que están previstas en la ley de cada ministerio, hay sanciones que vamos a prever nosotros en nuestro reglamento interno que tendrán que ver con retención de haberes hasta tanto se cumpla y además hay una sanción en el Código penal que prevé para los funcionarios incumplidores prisión de 15 días a dos años e inhabilitación especial perpetua, este es el artículo 268 inciso 3, cuestión que así será denunciada si así el caso lo requiere”.

Con respecto al vencimiento de los plazos previstos para la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios, Soler comentó que “recién hoy (por el martes) vamos a tamizar lo que nos está faltando, vamos a sacar mañana (por el miércoles) las intimaciones, recordemos que este plazo no es perentorio sino que prevé 15 días hábiles posteriores a este plazo para ahí intimar al cumplimiento y que recién aparezcan las sanciones”.

“Por lo tanto, de los actuales funcionarios que incumplieron, estaremos en estos días implementando directamente las sanciones y con respecto a los que se les vencía de hoy (martes), mañana (miércoles) vamos a estar sacando las intimaciones”, sostuvo.

Además, el Fiscal Adjunto de la Oficina Anticorrupción remarcó que “la realidad es que lo primero que estamos haciendo es la recepción de declaraciones juradas, que es un trabajo arduo, la carga para que sean públicas, las declaraciones presentadas están en la página de la oficina anticorrupción y una vez que terminemos y se venzan los plazos tanto para la presentación como luego de la intimación, ahí vamos a empezar a hacer el cotejo para ver si hay alguna inconsistencia en las declaraciones juradas que nos permitan demostrar conflicto de intereses existentes o pasados y también enriquecimiento ilícito, en el caso que lo hubiere”.

“Si hablamos solamente de funcionarios miembros del Estado solamente, serían alrededor de 1.000 declaraciones juradas. Y de los que pasaron por el Gobierno en los últimos diez años, o sea los que dieron de baja su cargo pero que también están en el universo de sujetos obligados, son 2.000 funcionarios. Allí tenemos a 3.000 funcionarios o empleados cuya función les exige la presentación de la declaración jurada”, señaló.

Y agregó que “el cotejo es grande pero para eso tenemos a una Dirección de Patrimoniales que estará abocada todos los días hasta fin de año en busca de todos estos enriquecimientos ilícitos o inconsistencias”.

“Lo que vamos a tener es un estándar por grado de funcionario, lo que seguro se va a analizar es Gobernador, Vicegobernador, todos los ministros y secretarios, después vamos a ir haciendo, ya sea por alguna denuncia por inconsistencia puntual, por alguna inconsistencia que nuestro departamento de Declaración Patrimonial note en alguna declaración jurada de un funcionario que no sea de alto rango”, finalizó.