En Jujuy las declaraciones juradas son secretas
El libre acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos se constituyó en una de las herramientas más importantes con que cuenta la sociedad civil para conocer los bienes, ingresos y antecedentes laborales de quienes ejercen cargos públicos.
Una provincia sumida en la peor de las pobrezas y funcionarios y representantes ostentando cuantiosos bienes, son la postal de una provincia donde los principios republicanos aún son una deuda pendiente de la dirigencia en general.
El bipartidismo imperante se niega sistemáticamente a permitir el acceso a la Cámara de Representantes de agrupaciones minoritarias, que justamente por esa cuantificación sería un sustancial aporte al crecimiento de una sociedad que demanda calidad institucional y solo recibe portazos.
La ley provincial 5153 establece que el contenido de las declaraciones juradas será de carácter reservado, salvo requerimiento de autoridad judicial competente.
Eduardo Fellner y Gerardo Morales, cuando se trata de estos temas tan espinosos funcionan como una armoniosa sociedad; solo algunas voces aisladas de logran escuchar, como la de Pablo Baca, pero en estos temas no logra que sus correligionarios conformen un poderoso orfeón cuya voz haga tambalear los cimientos de una compleja red de complicidades.
La información reflejada en las declaraciones juradas de bienes, es pieza clave para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades y conflictos de intereses en sus funciones.
Declaraciones juradas claras, completas e integrales permiten alcanzar una mayor transparencia en la función pública, garantizar una efectiva rendición de cuentas gubernamental, así como prevenir y combatir la corrupción.
Por otra parte, el acceso a la información pública está garantizado en la Constitución Nacional en forma expresa desde 1994, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Jujuy, Formosa, Catamarca, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, son aquellos distritos donde esa información está vedada al ciudadano; únicamente los jueces en acciones puntuales pueden tener acceso a la documentación.
La particularidad en Jujuy está dada en que ni siquiera el jujeño puede saber si los funcionarios o los representantes están cumpliendo con la obligación legal.
En Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, San Juan y Mendoza, el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios está limitado, solo cuando el solicitante pruebe fehacientemente un interés legítimo.
Mientras tanto, solo en Salta, Capital Federal, Tierra del Fuego, La Rioja, La Pampa y Corrientes, el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios y legisladores es absolutamente libre, solo basta con interesarse y presentarse ante las escribanías de gobierno para acceder a la totalidad de la información.