El Senado dio dictamen al nuevo Código Procesal Penal
Antes de firmar el dictamen, el oficialismo presentó algunos de los cambios que se introducirán al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo: se dejaría afuera la figura de “conmoción social del hecho” para dictar una prisión preventiva y se modificará el artículo 35, que refiere a la expulsión de inmigrantes cuando sean encontrados en flagrancia delictiva.
El jurista Alberto Binder, quien abrió el plenario de ayer, se declaró “extremadamente favorable al cambio” del sistema “inquisitivo” por el “acusatorio”, tras lo cual aseguró que “va a tener un impacto institucional inmenso”.
“Es un paso enorme para acabar con la figura del juez de instrucción que significa una concentración de poder inadmisible en un sistema republicano”, afirmó. Además, propuso algunas modificaciones, como permitir que además de las víctimas, los organismos que representen intereses colectivos puedan ser querellantes.
Binder agregó que “sin dudas hay que discutir una ley del ministerio público” y agregó que “se necesitan generar condiciones para que los fiscales sean independientes” ya que “el Procurador no debe poder dar instrucciones a los fiscales”.
El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, por su parte, aseguró que el nuevo Código le causaba “muchísima preocupación”.
“No porque estemos en contra del sistema acusatorio, tampoco porque no queramos una justicia que resguarde los derechos humanos y sociales", justificó y añadió que "la intención detrás de este proyecto es otra". Para Piumato, se trata de “una excusa para conseguir lo que no pudieron hacer el año pasado”, en referencia a las leyes de democratización de la justicia que fueron aprobadas por el Congreso e impugnadas por la Corte Suprema de Justicia.
Los funcionarios de la Procuración Penitenciaria, Ariel Cejas Meliare y Rodrigo Borda, abordaron la cuestión de los encarcelamientos. Cejas Meliare dijo que “la prisión preventiva debería estar limitada y rechazarse conceptos genéricos como la ‘conmoción social’”.
Borda manifestó su preocupación porque “se haya cercenado toda referencia al plazo de la prisión preventiva” ya que “al no ponerle límites se estaría legislando en contra de la Constitución”.
Fuente: Argentina.ar