El gobierno amenazó con liberar por la fuerza edificios escolares tomados

El Secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Zurueta, respecto a la toma de las escuelas iniciada hoy por la Intersindical, dijo que se tomarán medidas judiciales para frenar este accionar.

Zurueta destacó que son 16 establecimientos educativos de Capital y el interior que fueron tomados por los gremios, evitando que tanto alumnos como profesores y directivos ingresen al edificio.

Por esta razón, el Secretario de Seguridad indicó que desde el Gobierno provincial se procedió a la realización de las correspondientes denuncias formales en la Fiscalía de Investigaciones Nº 3, a cargo de Aldo Lozano. Aclarando, además que se continuará con la “prosecución de la causa” a los fines de constituirse como “querellantes adhesivos”.

“La justicia está actuando, se está por hacer las intimaciones correspondientes y oportunamente ampliaré la denuncia cuando podamos individualizar a las personas que están realizando estas medidas”, certificó el Secretario.

Anunció, por otro lado, que la policía de la provincia realizará “recorridos de prevención”, tratando de evitar que más edificios públicos sean tomados e intentando la liberación de los que ya fueron afectados.

Por su parte, el Director de la ENET Nº 1 "Escolástico Zegada", Roberto Landriel, precisó que de la misma manera en que los hicieron los directivos de la Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti", y ante la situación que presenciaron en horas de la mañana al presentarse a sus lugares de trabajo, tanto él como los docentes  de su escuela decidieron salvaguardar el bienestar de los alumnos y pedirles que se retiraran. Seguidamente, rubricaron “las actas correspondientes y la denuncia policial en la Seccional Primera”, en reproche a la falta de respeto por la institución educativa por parte de los gremios.

Continuando con esta línea, Ariel Benítez, profesor del colegio realizó su descargo expresando que resulta “molesta” la forma en que estos gremios “coaccionan o limitan la capacidad de trabajo” de los docentes, porque “está en nosotros trabajar y cumplir con nuestras funciones y no es cuestión que otro gremio venga y nos imponga esta medida evitándonos cumplir con nuestro trabajo”, sentenció Benítez.

Finalmente, Vilma Tolaba  e Ivonne Rivera, madres de alumnos de la Escuela Técnica Escolástico Zegada mostraron su preocupación tanto por el descuido del “derecho al estudio” de los chicos de escuelas públicas que desde hace más de dos semanas no asisten a clases por los constantes paros, como por la seguridad de los mimos que al no permitírseles entrar al establecimiento corren peligro en las calles.

El gobierno de la provincia promovió una “Acción de Amparo en contra el sindicato que nuclea a los trabajadores de los niveles Inicial y Primario del sector educativo, concretamente ADEP”, a fin de obligar al levantamiento de medidas de fuerzas.

El Procurador de la Provincia, Gustavo Alberto Toro, indicó que esta medida tiene como característica principal el contar con una “acción rápida y expedita” con el objetivo resguardar los derechos constitucionales de los niños, jóvenes y la ciudadanía en general. La Acción de Amparo esta acompañada, también por “una Medida Cautelar que quedará en manos del Juez, que por turno corresponda”, dijo el Procurador de la provincia.

Asimismo, el funcionario precisó que antes situaciones similares se tomaron estas medidas en los años 2010 y 2011, ya que si existen situaciones de delito éstas “son resorte de la Justicia en lo Penal”, y por tanto “los Fiscales de la Justicia del Crimen tienen todas las herramientas jurídicas - legales para proceder al efecto”.