Denuncian estrategia del FPV para destituir intendentes en el Ramal jujeño

Desde las elecciones de octubre de 2015 en las que el peronismo y, sobre todo, el Frente para la Victoria, resultaron vencidos en muchos municipios donde históricamente gobernaron durante décadas, el peronismo jujeño viene tratando de reorganizarse a los tumbos y con varios pasos en falso que han derivado inclusive en la intervención del PJ jujeño.

Pero los peronistas no son de bajar los brazos fácilmente, es así que han recurrido a cuanta estrategia tengan a mano para recuperar los espacios de poder perdidos ante el Frente Cambia Jujuy, donde también convive un sector del peronismo disidente comandado por el Vicegobernador Carlos Haquim.

Esta situación ha llevado a la dirigencia peronista a “hacerse del poder” como sea y para ello no escatiman recursos. Tal es así que en varios municipios del Ramal jujeño donde ahora gobierna el Frente Cambia Jujuy, sectores del oficialismo denuncian intentos de destitución de varios intendentes con argumentos falaces, según afirman.

Es el caso de Calilegua y El Talar, por ejemplo, donde los ediles opositores que responden al FPV promueven sendas denuncias contra sus intendentes basados en meras denuncias penales, pero sin argumentos que las justifiquen, pidiendo su destitución.

En el caso de El Talar, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar promovida por el Intendente Juan carlos Ruiz, restituyéndolo en su cargo del que había sido suspendido por la mayoría automática que tiene el FPV en el Concejo Deliberante de ese municipio.

En el caso de Calilegua, los concejales del FPV también son los que promueven denuncias contra la Intendenta Elsa Flores, por una supuesta participación de ésta en el tramado de la construcción de viviendas no construidas de Milagro Sala, razón por la cual presentaron la denuncia contra ella.

En este sentido, el abogado Julio Pereira, asesor del municipio de Calilegua, manifestó a Jujuy Al Momento que “acá se está planteando una situación bastante grave respecto de varios municipios del Ramal, específicamente llevada adelante no solo por los concejales del FPV, sino también por concejales de FUyO con el asesoramiento del doctor Moya, que obviamente es el impulsor de esta estrategia para destituir a los intendentes”.

“Hemos tenido ya el referente del Intendente de El Talar, Juan Carlos Ruiz, donde la Justicia les dio un fuerte revés diciendo que no lo pueden suspender porque no se había cumplido los procedimientos como corresponden respecto de la Ley de Municipios, entonces creo que los concejos deliberantes se han tomado atribuciones que no les corresponden”.

“Yo creo que interpretando la ley de organización de municipios, tenemos que tener en cuenta que el juicio político y la suspensión del Intendente tienen que obedecer a determinadas situaciones específicas, cuestiones que no se están planteando en el caso de El Talar ni tampoco se están planteando en el caso de Calilegua, que creemos que es la intención de estos concejales del FUyO y del señor Chávez, que es el presidente del Concejo asesorado por el doctor Moya y justamente llevar a la suspensión y destitución de la Intendente Elsa Flores”, puntualizó.

Asimismo, el letrado se refirió a la falta de argumentos reales con la que se estarían manejando los ediles opositores, señalando que “ellos han presentado una denuncia penal, que todavía no tenemos conocimiento de la misma, a qué cuestión refiere, creemos que es en base a una denuncia que hemos realizado nosotros en base a las organizaciones sociales por la construcción de viviendas, creemos que es por esa cuestión, pero todavía no hemos tomado conocimiento ya que no hemos recibido ninguna notificación ni nada”.

“Tenemos que preservar las instituciones y respetar el voto popular que la mayoría de la gente ha elegido que la Intendenta hoy por hoy sea Elsa Flores, como así también lo eligieron en El Talar. No puede ser que un Concejo Deliberante por caprichos o por situaciones que ellos consideran anomalías o cuestiones irregulares procedan a hacer una denuncia y con esa denuncia ya se sientan amparados para suspender a un intendente. Primero tiene que haber un dictamen de la Justicia, primero tiene que haber un procedimiento, un procesamiento y recién la suspensión del Intendente y todos los otros pasos procesales”.

“Acá no solamente se justifica con el hecho de presentar una denuncia penal, ya que creen que con ese instrumento o denuncia realizada, sin tener argumentos, ni fundamentos , ni ningún tipo de pruebas, pueden llegar a destituir a un Intendente que ha sido elegido por la voluntad y la mayoría del pueblo”, explicó.

Por su parte, el abogado de los concejales del FPV que promueven la denuncia contra la Intendenta Elsa Flores, Roberto Moya, que es el mismo abogado que patrocina a los concejales del FPV  de El Talar, manifestó a nuestro medio que “ también soy el asesor del Concejo Deliberante de Calilegua, pero está más que probada la participación de Elsa Flores dentro de la organización en la cual participó Milagro Sala. A Milagro Sala la denuncian porque extorsionaba a los municipios para que le entreguen los cheques, sin embargo la Intendenta Elsa Flores está denunciada porque utilizó esos mismos cheques para vulnerar la voluntad de los concejales y de esta manera hacer que el presidente del Concejo Deliberante del año 2015 sea su concejal”.

“Se presentó una denuncia por extorsión, se presentó una denuncia por asociación ilícita, una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y por malversación de caudales públicos. Todas esas denuncias se presentaron en la Fiscalía de turno del doctor Farfán”.

El año pasado, Elsa Flores denunció a la Tupac Amaru, a integrantes de la UEP y a Milagro Sala por extorsión en la entrega de cheques para la construcción de viviendas. Respecto de esta situación, Moya señaló que “ella denunció eso muchos años después y durante un gobierno de color político diferente. ¿Por qué no lo denunció cuando los hechos ocurrieron? Ella, en calidad de funcionaria pública tiene mucha más responsabilidad que cualquier ciudadano común, porque si a mí me vienen a extorsionar para que yo entregue cheques sin controlar obras, yo estoy siendo parte de ese delito penal que hoy se le imputa a la dirigente. Entonces ella, por acción u omisión, fue parte de esta maniobra y responsable de los hechos, así como otros intendentes del signo radical, como el Intendente de la Capital, que también tiene responsabilidad en ese hecho”, finalizó.