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El mar de dudas que inunda el parque solar de Cauchari

El proyecto insignia del gobernador Gerardo Morales demandó un endeudamiento cercano a los 550 millones de dólares comprometiendo la coparticipación federal; sus críticos aseguran que emprendimientos similares en la región costaron la mitad, y que no hay certezas sobre el recupero de la inversión.

El cambio de la matriz productiva es la frase, a esta altura trillada y compleja, que repiten a coro el gobernador Gerardo Morales y sus colaboradores más fieles, para afirmar que desde la llegada del nuevo gobierno la economía de Jujuy dejará de estar conformada por una enorme masa de empleados públicos más otros tantos viviendo del tabaco y el azúcar, para virar hacia nuevas industrias como la energía y el turismo. 

El mayor exponente de ese proyecto es la creación del parque solar Cauchari que se propone producir energía y generar riquezas sirviéndose de la radiación solar. 

Dejando de lado que la empresa que producirá energía en la puna será estatal, con lo cual la nueva actividad también sería pública, existen reparos sobre los costos versus los beneficios que les dejará a los jujeños el flamante proyecto, enarbolado por el gobierno durante sus tres años en el poder. 

Según recopila la periodista Sabrina Roth en la publicación digital “Nuestras Voces” para construir la planta de energía solar, el gobierno de Morales endeudó a la provincia por 331,5 millones de dólares con el Exim Bank de China a una tasa anual del 3% a cancelar en 15 años, con 5 de gracia.

Además, se tomaron 210 millones de dólares a través de los promocionados bonos verdes que se deberán cancelar en septiembre de 2020 a una tasa anual del 8,65%. Por otro lado, a través del decreto 3423-HF/2017 se suscribió un crédito con el Banco Nación por 10 millones de dólares adicionales. 

Sólo hasta allí puede redondearse una inversión total de 551,5 millones de dólares. Los primeros 331,5 millones están respaldados con coparticipación federal. 

A estos montos habría que agregar lo necesario para realizar las obras civiles en el lugar que albergará la planta. Según informó la diputada Alejandra Cejas en el mismo artículo, Morales destinó a través del decreto 6987-ISPTyV/2018, $187.954.875 del presupuesto provincial para el movimiento de suelos, encause de agua y otros trabajos para Cauchari. 

Frente a este enorme volumen de fondos invertidos, que representan aproximadamente el 50% del presupuesto anual de la provincia para todo 2018, la publicación analiza proyectos de similares características, pero de costos mucho menores. 

La socióloga Belén Ennis, vicepresidenta de OETEC, señaló en un artículo que la planta solar fotovoltaica “Villanueva” de 754 MW (más del doble que Cauchari) demandó una inversión de 650 millones de dólares. 

Si se compara el costo, la planta mexicana demandó 860 mil dólares por cada megavatio, mientras que Cauchari terminará pagando 1.830.000 dólares por la misma unidad. 

El parque mencionado está situado en Viesca, Estado de Coahuila (México). 

Pero además, existen dos ejemplos locales para contrastar. 

Uno ya prácticamente finalizado, en la provincia de La Rioja. Con una capacidad instalada de 35 megavatios, la planta de Nonogasta tuvo un costo de 35 millones de dólares, es decir, 1 millón por megavatio de capacidad instalada. 

En igual sentido, el parque que comenzará a construirse en Córdoba, en Arroyo Cabral, por parte de la Empresa de Energía Provincial de Córdoba (EPEC), tendrá una capacidad instalada de 40 megavatios a un costo de 45 millones de dólares. Será de 1,125 millones por unidad de capacidad instalada, muy por debajo de los 1,83 millones de Cauchari por megavatio.

El gobierno provincial defiende frecuentemente la inversión asegurando que existe un contrato firmado con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) que le garantiza el pago de 60 dólares por cada megavatio de energía generado. 

Si se entiende que la planta podrá generar 300 megavatios por hora, y funcionará alrededor de 2800 horas al año, la ganancia anual para los jujeños rondaría  los 50 millones de dólares al año. 

Sin embargo, suponiendo que esa cifra sea exacta – lo cual no está garantizado – la mitad de esos ingresos estarán afectados al pago de intereses y capital de deuda, más otro porcentaje destinado a los gastos de funcionamiento y a las comunidades de la zona. 

Y aunque el gobierno pudiera demostrar que los dólares lloverán para realizar obras para los jujeños, eso no lo exime de haber pagado una obra – en caso de que efectivamente sea así – a un valor mucho mayor del que originalmente tuvo.

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