Iglesia y sindicatos preocupados por la pobreza y la pérdida del empleo
En este marco, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció hoy un incremento del 72% en el presupuesto destinado a las Asignaciones Familiares que perciben los trabajadores de la provincia, el cual se aplicará tanto en los montos que se pagarán por cada hijo, como a una mayor cantidad de empleados, ya que se duplicará el tope máximo de ingresos familiares para alcanzar el beneficio.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió también a explicar la situación y a mostrar un horizonte de esperanza al sostener que el gobierno recibió un país quebrado y que lo que está haciendo es "evitar una crisis estructural".
"El país lo recibimos casi quebrado, y justamente el mayor aporte que estamos haciendo es evitar una crisis estructural. Según los números de diciembre, en cualquier otro contexto histórico, estaríamos en la situación de 1989 o 2001”, dijo Peña esta mañana en diálogo con radio La Red.
El fin de semana, en el marco de la semana social que tuvo lugar en Mar del Plata, el observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer un documento en el que manifiesta preocupación por la “fragilidad del empleo” y el “crecimiento de la pobreza”.
En un estudio donde la UCA analiza la situación social, se sostiene que "mientras se espera que este plan heterodoxo (del actual gobierno) logre su cometido de recuperar la confianza y reactivar la inversión, algunos actores sociales, en particular los empresarios empoderados pudieron, una vez más, protegerse frente a la incertidumbre".
"Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aun a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión. La inversión de riesgo con recursos propios requiere para ellos de mayores garantías. Es decir, la estanflación especulativa ha seguido siendo la moneda de cambio de un empresariado nacional con escasa gimnasia capitalista", indica el estudio.
Agrega que "es frente a este comportamiento que los actores sindicales, sabiendo del riesgo estratégico que corren, han negociado salarios reales a la baja buscando cubrirse del espanto en materia de desempleo. De ahí lo que parece ser una demanda legítima de mayor protección al empleo, aunque todavía no exista ni llegue a existir una crisis ocupacional".
Peña dejó claro que está de acuerdo con esa visión, pero explicó que el gobierno “está tomando medidas” para apuntalar la situación, reforzando planes sociales, y ampliando la asignación universal”, y que a fin de año, cuando el observatorio de a conocer su informe definitivo, esos número “estarán por debajo de lo que fue a principio de año”.
Ante este escenario, el presidente de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, Jorge Lozano, afirmó hoy que "el escenario social es complejo en la Argentina", advirtió sobre la "fragilidad laboral en el trabajo informal que ronda el 30 y 40 por ciento, con trabajadores sin derechos laborales", y evaluó que "hay un deterioro en las condiciones sociales en los últimos meses".
De la Semana Social en Mar del Plata participaron los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quienes "escucharon los planteos que se hicieron y que también perciben esto que le estoy señalando a nivel social", según dijo Lozano.
Por su parte, el titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, aseguró que mantiene negociaciones permanentes "desde el primer día" con el gobierno nacional en función de conseguir solucionar los problemas de “los sectores más humildes" que "están en una situación muy grave”.
Incluso, mencionó que en los últimos días 15 organizaciones que integran la Confederación de Trabajadores en la Economía Popular, de la que el Movimiento Evita forma parte, negociaron con el gobierno la apertura de "unos 600 merenderos y comedores”, para “sostener” de alguna forma “los derechos que se han quitado”.
En este contexto, un decreto del presidente Mauricio Macri que publicó hoy el Boletín Oficial vetó la ley aprobada el jueves por el Congreso nacional, calificada como “antidespidos” por la oposición y “antiempleo” por el oficialismo, y que preveía suspender los despidos por 180 días y establecer la doble indemnización.
El secretario general de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, descartó que la central sindical que conduce convoque a un paro general contra el veto presidencial.
Añadió que “nadie habló de paro” en las reuniones que llevan adelante las tres vertientes cegetistas con vista a la reunificación del próximo 22 de agosto, y planteó que tampoco quería que “el PJ residual perdedor” vaya a “colarse a apoyar al movimiento obrero”.
En tanto, las dos CTA y las centrales obreras que conducen Hugo Moyano y Antonio Caló evaluarán qué medidas tomar en el transcurso de esta semana frente al veto presidencial. (Télam)