Jujuy | PLAN DE CONTINGENCIA

El incierto destino de las partidas presupuestarias

La próxima semana los diputados provinciales evaluarán el pedido del gobierno para redireccionar fondos en el marco de “Jujuy Asiste y Reactiva”. Con un importante grado de desconocimiento sobre el plan de contingencia, la opinión pública desea saber cuál es el costo-beneficio de la medida.

En los últimos días, el gobierno ha mostrado un aceleramiento del plan, la prensa oficial se ha encargado de divulgar las acciones realizadas en el interior y aunque a priori resulta positivo, la transparencia sobre su ejecución termina por resultar una preocupante incógnita.

Sin mayores atenuantes, el ejecutivo provincial ha ingresado para la próxima sesión legislativa el proyecto “Decreto-Acuerdo 7540-HF-18” a la espera de poder facultar al Ministerio de Hacienda, controlado por un organismo a designar, sobre la reasignación de partidas y reestructuración de recursos de otras áreas.

Hasta ahora se sabe que la modificación sobre el presupuesto provincial y la redistribución se haría en base partidas subejecutadas (aquellas donde el gasto fue inferior al asignado).

Tal y como reza el proyecto, la crisis económica que atraviesa el país es el detonante de esta solicitud, que ha sido observada con reparos por parte del arco opositor por la falta de transparencia.

Es el caso de los ministerios de Educación y Desarrollo Humano. En julio se anunció el trabajo mancomunado entre ambas carteras para fortalecer la atención sobre los sectores vulnerables, la ampliación de la asistencia a través de comedores.

¿Cuál es el criterio del gasto hasta aquí? Hay 99 escuelas que no pueden dar de comer a los chicos por falta de infraestructura. Llámese espacio físico, mantenimiento, elementos de cocina, insumos o mercadería.

En la misma línea, recientemente el plan de contingencia incorporó los “encuentros regionales de apoyo pedágogico”, docentes asesorados por otros docentes para abordar alumnos en situación vulnerable.

Un gasto que no termina de cerrar. Un gobierno que quiere legitimar gastos sin dar explicaciones de lo hecho, ni de lo que se está por hacer.

Las partidas se pueden direccionar, esto está avalado por la ley de presupuesto. Pero ante temas sensibles, el gobierno debe demostrar su eficacia al combatir la pobreza, con más razón se debe explicar cuánto le cuesta combatir la crisis al estado.