Perico crea una Comisión Especial y tilda de "ineficaz" el decreto de emergencia energética

• Comisión Especial: El Concejo Deliberante de Perico crea una comisión para estudiar la tarifa eléctrica y sus componentes.
• Crítica al Decreto: El presidente del cuerpo, Mario Abraham, calificó de ineficaz el decreto provincial de emergencia energética.
• Cuestionamientos a SUSEPU: Apuntó al organismo por falta de control sobre las inversiones y fiscalización de la empresa EJESA.

Desbordado por la crisis energética, el gobierno emitió un decreto de emergencia que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027. El mismo prevé, entre otras cuestiones, extender el plazo de corte por falta de pago a 20 días del vencimiento de la segunda factura, prohibir el retiro de medidores, intereses punitorios y refinanciaciones de deuda.

Sin embargo, la medida parece no ser suficiente porque no contempla un freno a los aumentos tarifarios.

Cuestionamientos desde Perico

Ante la creciente preocupación de los vecinos y comerciantes locales por el impacto de los montos en las boletas de electricidad, el Concejo Deliberante de Perico convocó a una sesión especial para conformar una comisión abocada a estudiar la composición de la tarifa eléctrica y la incidencia de los componentes provinciales en la factura final.

El presidente del cuerpo deliberativo, Mario Abraham, explicó que el objetivo central es investigar la estructura de costos y desglosar los ítems tributarios que encarecen el servicio. "La boleta de luz fue utilizada como una herramienta de recaudación cuando el Estado no tiene la capacidad de percibir sus propias tasas. Por eso resolvimos conformar esta comisión: para analizar la problemática de los periqueños e investigar las irregularidades del sistema", aseveró.

Al ser consultado sobre el decreto de emergencia eléctrica emitido por el Ejecutivo provincial, el funcionario consideró que la prórroga de 20 días previa a la interrupción del suministro resulta una solución insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo de los usuarios.

Sostuvo que el diferimiento debería contemplar plazos más extensos (mínimo de 40 días) acordes a los ciclos de cobro salarial de los trabajadores. Además, denunció que en la factura se abonan costos de transporte bajo la tarifa general y, al mismo tiempo, cargos adicionales autorizados por la SUSEPU para el mantenimiento de redes.

Asimismo, remarcó que la responsabilidad primaria de fiscalizar las obras de inversión previstas por contrato corresponde al ente regulador provincial: "Si hay reclamos de vecinos por demoras en la restitución del servicio, es la SUSEPU la que tiene que actuar de oficio. Si la SUSEPU no se expide ni controla a las empresas prestadoras, la responsabilidad vuelve a ser de la gestión del Estado provincial", concluyó el jefe del Legislativo periqueño.