Pasando rio Las Pavas, Sadir cambia el relato y se muestra como líder federal

En Jujuy, Sadir logró alcanzar un superávit, pero a costa de decisiones que afectaron profundamente a la población. Se recortaron salarios de trabajadores públicos, y en áreas estratégicas de los ministerios se hicieron reducciones que, en lugar de fortalecer la gestión, terminaron deteriorando el tejido social. Este equilibrio fiscal, que muchas veces se presenta como una señal de buena gestión, en realidad oculta un costo social muy alto: la pérdida de derechos, la reducción en la inversión en servicios esenciales y el debilitamiento del estado en la provincia.

La sostenibilidad de la provincia no puede fundamentarse solo en mantener un presunto superávit a costa del bienestar del interior y de sus trabajadores. La verdadera gestión responsable debe priorizar el desarrollo, la igualdad y el fortalecimiento de la provincia, sin que esto signifique sacrificar la dignidad del pueblo en el proceso.

Un reclamo que también estuvo en la mesa de los gobernadores, incluido el de Jujuy, tiene que ver con el reparto del impuesto a los combustibles. Este es un tema que, si bien parece simple a primera vista, en la práctica revela muchas irregularidades y una clara falta de transparencia. La provincia de Jujuy y otros distritos insisten en que el dinero que llega de ese impuesto debe distribuirse de forma ordenada y equitativa, pero en realidad, nadie sabe exactamente cómo se administran esos fondos cuando llegan a la provincia.

Lo que se sabe es que la gestión de esos recursos suele estar envuelta en mucha oscuridad. Esta es una política de estado del actual gobierno de Sadir, que se mantiene celosamente controlada por el ex gobernador Gerardo Morales. La falta de claridad en la utilización de los fondos genera desconfianza, y eso no solo es propiedad de esta provincia sino en muchos distritos del país. Esto se agrava con los polémicos fondos del programa de asistencia al trabajo y la producción, los famosos ATN, que siempre generan debate, porque no hay una rendición de cuentas transparente ni pública.

La realidad es que, en Jujuy, todo dinero que entra es bienvenido, pero el problema de fondo no pasa por la cantidad que llega, sino por la falta de claridad en cómo se aplican esas partidas. La resistencia de quienes manejan esos fondos a explicar en detalle sus operaciones y destinos hace que persista la duda y, en consecuencia, siga habiendo sospechas de despilfarro.

Si no se mejora esa situación, si no se implementa una verdadera rendición de cuentas, la confianza del gobierno nacional en los gobiernos provinciales, como el de Jujuy, seguirá en riesgo. Porque la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos son la base para que todos los argentinos podamos confiar en que los fondos que aportamos están siendo utilizados para el bienestar de todos, y no para fines que nadie puede justificar o controlar bien. Urge que haya mayor claridad y control en la gestión de estos fondos, para que la plata que llega a Jujuy y a otras provincias sea realmente vista como un beneficio para toda la población.

Las palabras del gobernador Sadir acerca de estar “firmes en nuestro compromiso con un federalismo real” suenan hoy, en muchos sentidos, a una especie de declaración vacía. Porque la realidad en Jujuy dista mucho de esa supuesta firmeza. Hace un año y medio, Sadir anunció la sanción de la ley de coparticipación provincial, un paso clave para fortalecer la autonomía financiera de la provincia. Pero lo cierto es que ese proyecto fue dejado de lado, impuesto por orden de Gerardo Morales, y todavía hoy, las excusas sobre la demora en su estudio siguen pateando la pelota para adelante.

¿Y qué se espera? ¿Que sea el gobierno nacional quien financie la coparticipación provincial? Esa no puede ser la solución, porque la esencia misma del federalismo es la autonomía y la autogestión de las provincias y, en especial, de los municipios. Pero en la práctica, en Jujuy, ese respeto por la autonomía queda en evidencia cuando vemos cómo las decisiones sobre la obra pública, algo esencial para mejorar las condiciones de vida de la gente, siguen bajo control absoluto de la casa de gobierno, con los fondos siendo manejados con mucha discrecionalidad y en ningún caso con transparencia.

Hay un artículo en el proyecto de coparticipación presentado por Sadir que dejó bien claro que el control y la gestión de la obra pública en Jujuy seguirán en manos del gobierno provincial, lo que claramente contradice la idea de un federalismo auténtico. La pregunta es: ¿Qué sentido tiene hablar de un federalismo real si no se reconoce total autonomía a los intendentes y a las comunidades? mientras las autoridades manipulan fondos que, en realidad, deberían ser de los municipios y de los vecinos, no puede hablarse de justicia distributiva.

Y esto tiene consecuencias directas: la falta de distribución justa de los recursos impide que se mejoren las condiciones de vida. El supuesto superávit fiscal que tanto promocionan, en realidad, no beneficia ni a los trabajadores ni a la mayoría de la población, que sigue viendo cómo las cosas no cambian. Hablar de ofrecer mejores condiciones de vida para la gente es, en definitiva, una falacia si las políticas siguen siendo opacas, y si la autonomía y la redistribución de fondos son solo palabras que no se reflejan en hechos concretos.