En mayo comienza el plan de remediación ambiental
La Legislatura jujeña aprobó el pasado mes de diciembre la anulación de las concesiones hidrocarburíferas otorgadas en el Parque Nacional Calilegua. La medida surge en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales y a la intensa campaña de Greenpeace, que contó con el apoyo de más de 270 mil personas y expuso lo absurdo, peligroso e ilegal que resulta extraer petróleo en un área protegida.
La extracción de hidrocarburos en Calilegua violaba tres leyes nacionales e implicaba un riesgo enorme para miles de hectáreas de selva de Las Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país. Ahora se deben remediar los pasivos ambientales, como se establece en la Ley 5.889 que establece el cese de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua.
La organización ambientalista se sumó al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y algunos legisladores, y difundió un informe que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes más de 20 mil hectáreas de selva. La explotación petrolera en Calilegua era contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
En este sentido, la Ministra de Medio Ambiente María Inés Zigarán habló en Radio 2 acerca de los avances en torno al cese de explotación en el Parque Nacional Calilegua y sobre el avance en la reglamentación de la Ley 5.889 a partir del decreto 683 firmado por el Gobernado Gerardo Morales, que establece que en dos meses deberá presentarse un plan de cierre de los pozos petroleros y en seis meses el plan de remediación de los pasivos ambientales.
Zigarán manifestó que “este decreto, que es el 683, que firmó el Gobernador el 22 de febrero pasado, de alguna manera viene a cristalizar la forma en que se va a hacer el proceso para llevar adelante el proceso del cese de la explotación de petróleo. Igualmente, ya se habían desarrollado acciones previas de conversaciones con funcionarios de la Nación, de parques nacionales, con el Ministerio de Ambiente de la Nación, de hecho el Gobernador Morales ya había tenido una reunión con el ministro Bergman en Buenos Aires conversando sobre este mismo tema, yo me he entrevistado en dos oportunidades con autoridades de parques nacionales en Buenos Aires, también lo hicimos con autoridades de YPF y con la Secretaría de Hidrocarburos, hubo una conversación preliminar con la empresa que tuvo a su cargo la explotación hasta este momento en el Parque Nacional Calilegua, de manera que estamos llevando adelante un proceso que va a ser complejo porque el cierre de los pozos petroleros es una actividad que demanda un conocimiento, pero también un costo económico importante”, dijo.
En cuanto a la cantidad de pozos petroleros que se explotan en el Parque Nacional Calilegua, la titular de la cartera de Medio Ambiente, destacó que “nosotros hemos pedido toda la información acerca de la cantidad de pozos a la Secretaría de Hidrocarburos de la Nación, ellos nos están relevando la información sobre la cantidad de los pozos petroleros que ellos tienen registrados en el yacimiento Caimancito, también está haciendo ese trabajo la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia, en virtud del decreto provincial”.
“En ese decreto, el Gobernador Morales le encomienda al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración de un informe ambiental sobre la situación del parque en el área particularmente afectada por el yacimiento Caimancito, también le pide a la Secretaría de Hidrocarburos que elabore un informe técnico sobre las condiciones en las que debe llevarse a cabo y el relevamiento de toda la infraestructura técnica que tiene el yacimiento y que determine preliminarmente cómo se llevaría a cabo ese proceso, pero además le pide a la secretaría de Minería una serie de cuestiones administrativas como los decretos, los contratos y algunos otros actos que se hubieran dictado para autorizar la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua”, señaló.
Asimismo, la ministra indicó que “el próximo martes 8 de marzo, el Ministro de Ambiente de la Nación va a firmar un convenio con el Gobierno de la provincia a propósito de este proceso que vamos a llevar adelante, también con la gente de parques nacionales estamos analizando quiénes van a formar parte del comité técnico que debe constituir este ministerio con la participación de distintos actores, dando cumplimiento a la voluntad del Gobernador que está expresada en el decreto 683. Ese comité va a estar integrado por gente de este ministerio, por gente de Parques Nacionales, por gente del Ministerio de Ambiente, es nuestra vocación también integrar al Ministerio de Energía de la Nación”.
“La idea es hacer dos tipos de informes: un informe ambiental, que nos permita relevar todo lo que es la flora y la fauna, el sueloe, el aire, las cuencas, las aguas subterráneas, etc.; y otro informe técnico específico sobre la infraestructura del yacimiento, esto es, sobre la situación de los pozos petroleros, de los ductos, de las zonas de baterías, un informe que nos tiene que nos debe dar precisiones de cómo se debe llevar a cabo los procedimientos de retiro”.
“Nosotros intentamos que este sea un proceso de concertación, nosotros podíamos haber recurrido directamente a la vía del litigio, nuestra vocación es llevar adelante un proceso de acuerdo con los diferentes actores en el entendimiento que se valorice el proceso porque lo que está en juego es un área que brinda enormes beneficios ambientales”, concluyó.