Corralito, protestas y vacío de poder: Paraguay vive una profunda crisis

Paraguay vive hoy en la Argentina de diciembre de 2001. Con un presidente renunciante y repudiado, un corralito que afecta a la mitad de la población y un creciente clima de protesta en las calles, el país se hundió en una peligrosa crisis política y financiera.

Uno de cada dos paraguayos tiene hoy sus ahorros congelados por la intervención del Ueno bank, en un escándalo que dejó al gobierno virtualmente acéfalo después de la renuncia del presidente Santiago Peña y un interminable debate en el Congreso sobre el inicio de un juicio político.

Argentina vivió un tsunami social, financiero y político a fines de diciembre de 2001 que provocó la salida del presidente Fernando de la Rúa y un “corralito” que dejó a los ahorristas sin su dinero. Fue el inicio de una crisis sin precedentes cuyas secuelas se viven aún hoy en el país.

Los paraguayos atraviesan una situación similar que recuerda a la peor emergencia social y económica de la historia argentina. Con una salvedad: un solo banco, con tres millones de clientes, causó esta hecatombe financiera..

El problema es que se trata de un país de seis millones de habitantes. La mitad de la población fue afectada. Pero además en la entidad quedaron congelados unos 850 millones de dólares de distintos organismos estatales.

Incluso, el Ueno bank manejaba fondos de pensiones, lo que refleja la profunda gravedad de la crisis. Se trata de una tormenta perfecta.

¿Y ahora qué?

Cientos de paraguayos se concentraron el jueves frente al Congreso para exigir el inicio de un juicio político contra Peña, a quien responsabilizan de la crisis. Hubo insultos, forcejeos e incidentes con la policía.

Al mandatario (del Partido Colorado y en el poder desde el 15 de agosto de 2023) se lo acusa de mantener vínculos con el banco intervenido hasta el año pasado. La entidad está bajo sospecha de serias irregularidades que van desde vaciamiento hasta negociados.

Los manifestantes rechazaron la renuncia del presidente. Querían su juzgamiento y destitución en el Congreso. Una renuncia aceptada abría el camino a fueros que el mandatario tendría como senador honorario, un derecho reservado a todos los expresidentes, según la Constitución.

No solo reclaman por sus ahorros. También por justicia. En las protestas se repetían gritos de “ladrón” y hasta se colaban consignas como “que se vayan todos”.

El Banco Central avisó que se devolverían depósitos hasta 40 salarios mínimos, pero no está claro cuánto demorará el trámite. Muchos perderán los ahorros de una vida. Las secuelas perdurarán por años.

“El daño al sistema financiero es inmenso. Pero además se dañó la imagen país y la banca en general”, advirtió González.

La crisis política

Para la exsenadora, la caída de Peña no solucionará la crisis.

“El perjuicio que dejó es incalculable. Su vice, Pedro Alliana, está en la línea de sucesión. Pero Alliana no es una figura que goza de credibilidad. Tiene muchos muertos en el placard. Él fue quien nombró a toda su familia en la administración pública”, indicó.

En octubre de 2023, su hija Monserrat Alliana fue contratada como empleada del Congreso con un elevado salario y sin concurso público. Debió renunciar un tiempo después en medio de un escándalo mediático.

Pero el Congreso rechazó este jueves el inicio de juicio político contra el vicepresidente.

“Alliana es lo que nos toca. Es muy difícil que el vice pueda despegarse de la figura de Peña, a quien acompañó de manera incondicional en estos tres años de gobierno”, indicó González.

La caída de Peña se produjo después de una implacable interna en el partido oficialista entre el propio presidente y su padrino político, el caudillo y exmandatario Horacio Cartés, por el dominio del coloradismo y la sucesión presidencial.

Peña cometió el error de intentar adueñarse del partido. Cartés le soltó la mano. Solo tuvo que pedir informes al Banco Central sobre el Ueno bank. El poder político -el real y el burocrático- conocía desde hace tiempo las irregularidades del banco apañadas, según la denuncia, por la casa de gobierno y el renunciante titular de la entidad reguladora, Carlos Carvallo.