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La justicia federal requirió información sobre un concejal acusado de pedir el IFE

Al Concejo Deliberante de Pampa Blanca llegó un pedido de informe solicitado por el Ministerio Público Fiscal. El organismo judicial requiere datos sobre el concejal Rodrigo Nicolás Martínez, uno de los ediles jujeños que habría solicitado el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia.

  • La justicia federal remitió un pedido de informe al Concejo Deliberante de Pampa Blanca.
  • Solicita información sobre el concejal Rodrigo Nicolás Martínez, acusado de haber tramitado el cobro del IFE.
  • DE comprobarse el delito, podría caberle al implicado embargo, suspensión o hasta prisión.

El Ministerio Público Fiscal envió al Concejo Deliberante de Pampa Blanca un pedido de informe.

En el mismo da cuenta de una averiguación de delito, por lo que solicita informar en el plazo de 72 horas la fecha en la que prestó juramento el concejal Rodrigo Nicolás Martínez.

Resulta que este edil figura en una lista de 10 concejales jujeños que habrían solicitado el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que posteriormente fueron rechazados.

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En diálogo con Canal 2 de Jujuy, el presidente del cuerpo deliberativo de la localidad, Darío Liquitay se refirió a la situación. En el orden del día estuvo este pedido de informe del Juzgado Federal a cargo del fiscal Federico Zurueta donde se pedían datos al Concejo Deliberante para corroborar la fecha donde el concejal juró sus funciones”.

“Se sometió a votación para que pase a la comisión de asuntos institucionales y asesoría legal para que se trabaje conjuntamente con la fiscalía”.

Sobre sanciones o posibles multas, Liquitay expuso: “el Juzgado federal en todo el país ha establecido en todo el país sanciones como embargo y suspensiones de seis meses a un año”.

“La asesoría legal del Concejo Deliberante está trabajando en el caso y se verá como avanza”.

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Pedido de informe al Concejo Deliberante de Pampa Blanca

Pedido de informe al Concejo Deliberante de Pampa Blanca

Al inicio del mes de agosto había estallado la polémica por funcionarios que se habrían inscripto para recibir el IFE en distintos puntos del país. En Jujuy, la Fiscalía inició una investigación de oficio para determinar si los hechos realmente ocurrieron y determinar qué responsabilidad le cabe a los que eventualmente estén involucrados en el hecho.

Según se daba cuenta desde el organismo, a los jujeños implicados les podría caber hasta 6 años de prisión.

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