Conflicto de intereses: Palomares de los dos lados del mostrador
El municipio abona los juicios en su contra con discrecionalidad, con un polémico sistema dedocrático. Porque las evidencias muestran una doble vara a la hora de efectuar los pagos compensatorios a favor de ciudadanos que fueron afectados.
Una demanda colectiva de 2002 parecía llegar a su fin 14 años después cuando el Superior Tribunal de Justicia jujeño, dictaminaba que las responsabilidades por la falta de controles y la contaminación por plomo era ineludible para el municipio palpaleño.
El fallo se conocía a mediados de 2016 e intimaba el pago de 423 mil pesos más los correspondientes intereses para las familias damnificadas. Causa que iniciaba durante la gestión de Alberto Ortiz pero que recaería sobre el actual intendente Pablo Palomares.
Al igual que su predecesor, Palomares haría uso de todos los artilugios legales para dilatar el depósito de los fondos, a pesar del fallo de la máxima instancia. Pero como se dice popularmente “nadie resiste un archivo”.
En 2015 el abogado Hernán Palomares, hermano del funcionario, oficiaría como demandante en un juicio contra la administración pública de Palpalá por “riesgo de trabajo”, que involucra el fallecimiento de un empleado municipal.
Tan solo un año después, el municipio accedía abonar la suma de 330 mil pesos a la denunciante, monto del que deben descontarse los gastos de representación del letrado.
No se puede pasar por alto que Hernán Palomares desempeñaba tareas en el Concejo Deliberante de la ciudad como secretario administrativo desde que su hermano asumiera la intendencia. Habiendo obtenido un beneficio económico a costa de la institución para la cual trabaja.
La contradicción se suma a la irónica velocidad de este fallo. 28 familias perjudicadas por la presencia de plomo en sangre continúan esperando el reparo económico, 12 años después del inicio de las acciones legales.