Gestión Fellner: Hasta los desmontes eran irregulares
Todo este proceso se inicia a raíz de la presentación de un Recurso de Amparo por parte de los pobladores de Palma Sola, zona de bosques de alto valor de conservación, quienes cuestionaron dos resoluciones de la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales emitidas en 2007 y 2009, que autorizaban el desmonte en predios de la empresa CRAM S.A.
El tribunal Contenciosos les dio la razón y dispuso dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron el desmonte. Posteriormente, la empresa que era la titular del predio y el gobierno interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia que les dio la razón y dejó sin efecto el fallo del Contencioso Administrativo.
Estas resoluciones autorizaban en principio el desmonte de 180 hectáreas en 2007 y, en 2009, más de 1000 hectáreas. La corte consideró que las mismas tenían una serie de irregularidades, entre ellas que no se tuvieron en cuenta las observaciones técnicas que se hicieron en el proceso de aprobación, no se realizó la audiencia pública y que, además, no se tuvo en cuenta el principio rector de la política ambiental que establece que ante la sospecha o falta de certeza de daños ambientales corresponde la medida de mayor protección, por lo que la corte deja sin efecto esas dos resoluciones.
“Lo que dispusimos como primera medida es dejar sin efecto ese plan de ordenamiento predial; vamos a solicitar al titular del predio que efectué uno nuevo, vamos a hacer una serie de investigaciones para ver qué es lo que efectivamente se ha desmontado”, aseguró la ministra.
Cabe aclarar que en base a esas dos resoluciones en el año 2014, durante la gestión de Eduardo Fellner, se aprueba el Plan de Ordenamiento Predial mediante la cual se determinaron y posteriormente se categorizaron las franjas de bosques nativos de mayor o menor protección, o las que tiene posibilidad de manejo de cambio de uso de suelo, que luego se utilizò para la sanciòn de otra ley de ordenamientos boscosos.
“Ya habían sido adoptadas medidas ante el no cumplimiento de algunos trámites de mitigación que se habían solicitado, hay un sumario ambiental que estábamos tramitando y vamos a pedir que se adopten las medidas necesarias contra la empresa” agregó la funcionaria.
Remarcó también que en total fueron autorizadas 1470 hectáreas para ser desmontadas, aunque la evaluación de impacto ambiental incluía sólo 1200 hectáreas, “por lo tanto hay un error de vicio de procedimiento por que la evaluación debió hacerse sobre todas las 1470 hectáreas”.
Finalmente, Zigaran aseguró que se va a notificar a la legislatura provincial para dejar sin efecto el plan de ordenamiento predial y se enviarán las actuaciones correspondientes la oficina anticorrupción para que se evalúe que tipo de faltas se cometieron, desde lo técnico hasta lo administrativo, teniendo en cuenta los errores en el procedimiento.