Otra licitación direccionada para los amigos del poder

Estamos hablando de una obra de más de 125 mil millones de pesos: una intervención de casi seis kilómetros con colectoras, reorganización del tránsito, obras hidráulicas y un plazo de ejecución de 36 meses. La Ley Provincial de Obras Públicas establece un mínimo de 15 días hábiles de publicidad. El Gobierno llegó a ese mínimo y lo superó; legalmente, entonces, el requisito formal aparece cumplido. Pero la discusión de fondo es otra: ¿alcanzaba ese plazo para garantizar una competencia real en una obra de esta magnitud?

Porque mientras una empresa que no conociera previamente el proyecto debía acceder al pliego, estudiar planos, cómputos, estructuras, suelos, pavimentos, drenajes, interferencias, desvíos, equipos, proveedores, costos, financiamiento y cronograma, había una firma que partía de una situación objetivamente diferente: JUMI S.R.L. fue quien presentó originalmente la iniciativa privada de esta travesía urbana.

Cuando finalmente se abrió la licitación, JUMI fue el único oferente. Repito: único oferente. ¿Esto demuestra o no los síntomas de una licitación direccionada?

Sin embargo, tampoco corresponde mirar para otro lado y decir que acá no hay nada que investigar. Cuando una empresa presenta originalmente una iniciativa privada, dispone necesariamente de un conocimiento técnico del proyecto que no tiene cualquier competidor que aparece después frente a un pliego. Y cuando esa misma empresa termina siendo la única que presenta oferta para una obra de 125 mil millones de pesos, la pregunta por la igualdad efectiva de condiciones deja de ser una sospecha política y pasa a ser una pregunta legítima de transparencia pública.

¿Cuántas empresas compraron el pliego? ¿Cuántas lo retiraron? ¿Cuántas consultaron? ¿Cuántas llegaron a estudiar realmente la documentación? ¿Qué información técnica tuvo JUMI durante la etapa de iniciativa privada? ¿Esa misma información estuvo disponible, en idénticas condiciones y con tiempo suficiente, para todos los potenciales competidores? ¿Por qué una licitación que se anuncia como nacional e internacional termina teniendo un solo oferente?

Otro dato que tampoco puede perderse de vista: el pliego costaba 50 millones de pesos. Es decir, para entrar al proceso había que asumir un costo significativo antes siquiera de saber si existían condiciones reales para competir.

Entonces aparece una pregunta incómoda: ¿estamos frente a una licitación abierta y competitiva o frente a un procedimiento que cumplió con las formas pero que, en los hechos, terminó dejando prácticamente a una sola empresa en carrera? Porque la transparencia no consiste solamente en publicar un llamado y contar los días que marca una ley.

La transparencia también consiste en garantizar que haya competencia efectiva, que la información sea accesible en igualdad de condiciones y que el Estado pueda demostrar que consiguió la mejor propuesta posible para los ciudadanos. Y si además quien originó el proyecto termina siendo el único oferente, el Gobierno tiene una obligación adicional: explicar. Explicar todo. Explicar los tiempos, explicar la información, explicar las consultas, explicar la ausencia de competidores y explicar por qué el proceso terminó exactamente como terminó.

Porque una obra pública de 125 mil millones de pesos no puede evaluarse solamente con una calculadora jurídica preguntando si se cumplieron quince días hábiles. Hay que hacer una pregunta mucho más importante: ¿se hizo todo lo necesario para que realmente pudiera competir cualquiera? Y si la respuesta es sí, que se publiquen los antecedentes y que el expediente hable.

Porque cuando se administra semejante cantidad de dinero público, cumplir la ley es apenas el piso: la sociedad tiene derecho a exigir algo más: competencia, transparencia y explicaciones.