Tras una serie de allanamientos, en las últimas horas se produjo la detención y incautación de los celulares de Copello, Chorolque y Urzagasti.
La fiscalía ordenó la imputación por "entorpecimiento del transporte y servicios" (art. 194 del Código Penal) y "desobediencia a la autoridades" (Art. 239 del Código Penal).
En la orden judicial se cita la “investigación preparatoria” del expediente N° 266973 del Ministerio Público de la Acusación quien inició las causas a raíz de manifestaciones en las calles de San Salvador de Jujuy el 3 y 30 de marzo pasado.
Se trató de jornadas de protesta de las organizaciones sociales y, particularmente en la del 3 de marzo, la Policía reprimió a manifestantes en San Pedro deteniendo a 7 personas, entre ellas 3 mujeres.
Las organizaciones sociales previo a las detenciones de hoy estaban convocando públicamente a una conferencia de prensa mañana jueves y a una concentración frente al Juzgado Contravencional el viernes 8 de abril ante el inicio del juicio por estos hechos mencionados.
Consultado al respecto, el ex diputado y actual referente del Partido Obrero, Iñaki Aldasoro. sostuvo: “Hay un agravamiento de las condiciones generales de vida y ante cualquier tipo de reclamo los gobiernos terminan actuando de la peor manera”.
“Nadie puede negar que haya aumentado la pobreza y el que reclama pasa a ser enemigo público del estado, pasa a ser perseguido y detenido”, señaló
Aldasoro describió “un proceso que busca callar un reclamo por mayor asistencia a comedores”.
“El objetivo de estas sanciones es generar un amedrentamiento”.
